El Gobierno municipal ha incluido las cerca de diez propuestas de Izquierda Unida dirigidas a “reforzar la titularidad pública y el control del servicio desde el Ayuntamiento y avances en materia medioambiental”, tal y como ha explicado el concejal Pablo Muñoz
La Comisión de Presidencia, Economía y Hacienda ha acordado esta mañana la determinación del régimen jurídico de prestación del servicio de saneamiento y depuración de aguas con las propuestas planteadas desde Izquierda Unida.
El concejal Pablo Muñoz destaca, de entre el paquete de aportaciones exigidas desde el grupo municipal, “las dirigidas a una mayor calidad medioambiental y las que delimitan la titularidad pública y el control del servicio desde el Ayuntamiento”.
“Además de reclamar la mejora del mantenimiento y mejora de las depuradoras, que actualmente se encuentran en un estado deplorable –avanza Muñoz-, hemos propuesto la reutilización del agua depurada, así como buscar alternativas para la incineración de fangos en La Cartuja”. Respecto a esta infraestructura, IU ha propuesto que los lodos que no estén contaminados se devuelvan a la tierra en forma de compost en una estrategia de fertilidad de los suelos y lucha contra la erosión, mientras que los vertidos industriales deberían separarse de los de las viviendas y recibir un tratamiento terciario, “y que lo paguen quienes los vierten para animar a eliminar o reducir los mismos”, aclara Muñoz.
IU también ha propuesto explicitar la obligación para todo tipo de usuarios de reducir sus vertidos y de no verter en el caso de los usuarios domésticos productos químicos, aceites, pinturas, disolventes, medicamentos etc., así como la dilución de los vertidos industriales. “Esto permitiría incluir en las obligaciones de la empresa campañas de sensibilización para la reducción de los vertidos, especialmente de productos tóxicos y peligrosos”, apunta Muñoz. En cuanto a los efluentes (las aguas limpias que salen de la depuradora), IU ha reclamado que se cumplan los parámetros actuales, “porque puede que se modifiquen con el nuevo Plan de Cuenca”, indica el edil, que también ha solicitado que se estudie el aprovechamiento energético de ambas plantas depuradoras.
En cuanto al control público del saneamiento y depuración, IU ha exigido que “las tareas que son propias del núcleo duro de la administración pública deben estar en manos de funcionarios, como por ejemplo la autorización de vertido se mantengan, permaneciendo esta competencia en el servicio correspondiente del Ayuntamiento, junto con otros mecanismos de control”.
Finalmente, ante la posibilidad de que la normativa estatal avance en las posibilidades de mercantilización del agua y en los mercados del agua, IU ha reclamado que se evidencie que el agua efluente (vertido desde la Depuradora al río) es propiedad exclusivamente municipal.