José Ángel Miramón, portavoz del grupo municipal de IU, logró los apoyos necesarios para aprobar una moción relativa a la Declaración de Municipio opuesto a la aplicación del Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP). Asimismo, el pleno aprobó dos enmiendas de IU relativas a la ordenación fiscal para el año 2015
Torres de Berrellén, 28 de noviembre de 2014.- El pleno del Ayuntamiento de Torres de Berrellén aprobó en la sesión celebrada ayer, con los votos a favor de IU y PSOE y la negativa del PP, una moción relativa a la Declaración de Municipio opuesto a la aplicación del Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP).
Asimismo, José Ángel Miramón presentó dos enmiendas a la Ordenación Fiscal 2015 que queda congelada. Las propuestas de IU fueron “una bonificación del 50% en el ICIO para obras cuya finalidad sea la mejora de la eficiencia energética en edificios privados con el objetivo de impulsar la rehabilitación y disminuir el gasto energético”, y “la exención del 50% en la cuota del IBI de la vivienda habitual a las familias numerosas cuyos ingresos totales no superen 2,5 veces el IPREM, apostando por los beneficios sociales que permite el impuesto y tan necesarios para las familias en estos momentos”.
En cuanto al Tratado de libre comercio, Miramón expuso que “el TTIP, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las Empresas Transnacionales (ETN), así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas, en todos los niveles de poder, y compromete la habilidad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, empleo e iniciativas locales”. “De este modo -continuó Miramón-, las leyes del comercio priman sobre cualquier otra consideración social, e ignoran cualquier legislación continental, nacional, regional o local”.
En primer lugar, el portavoz de IU criticó duramente los riesgos para la ciudadanía, tales como “la pérdida de derechos laborales, la limitación de representación colectiva de los trabajadores, la rebaja salarial, la seguridad alimentaria, el Medio Ambiente con la autorización del fracking, las prospecciones petrolíferas y los transgénicos, la privatización de los Servicios Públicos y la pérdida de soberanía de los Estados”, y terminó afirmando que “esta lógica desmantela los servicios públicos y suprime la libertad de los poderes locales para suministrar los servicios públicos y satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones”.