Las razones para reformar el sistema educativo que se declaran en la Exposición de Motivos del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa sólo se apoyan en prejuicios o ideas preconcebidas sin base en investigación científica alguna que las respalde. No se ha contado, además, con la comunidad educativa: con lo único que se cuenta es con una mayoría absoluta que cada vez está más deslegitimada.
En un contexto en el que no hay financiación y lo que se están aplicando son brutales recortes, la realidad es que, de facto, la política del PP está acabando con la calidad de la educación pública, cercenando los derechos de sus profesionales (al tiempo que se reduce su número, con 100.000 docentes menos), con más horas de clase y más estudiante por aula; menos becas (50 millones de euros menos) y más tasas en etapas no obligatorias y en servicios esenciales, como el comedor escolar. ¿Cómo es posible, así, que se proclame cínicamente como primer objetivo de esta Ley la “mejora de la calidad educativa”. ¿Qué calidad y para quién?
Frente a sus razones, espurias y mentirosas, un análisis sosegado del proyecto nos lleva a oponernos al mismo por múltiples cuestiones:
- Se pone el sistema educativo al servicio de la competitividad, en vez de apostar por una educación integral que forme personas creativas y críticas, indispensables para la construcción de una sociedad sabia, justa y cohesionada.
- Apuesta por la enseñanza basada en la presión del examen, frente al modelo educativo centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado, convirtiendo la Educación, desde primaria, en una constante superación de pruebas donde las condiciones socioeconómicas y familiares van a ser determinantes.
- Se elimina el carácter democrático y participativo al reducir las competencias del consejo escolar, que se limita a funciones meramente consultivas, y al ser nombrada la dirección del centro por la Administración.
- Se aumenta el porcentaje de contenidos establecidos por el Estado y se controlan los conocimientos concretos que se han de impartir.
- Los centros estarán en un ranking y, en función de su “clasificación”, se incentivará a los centros, en vez de atender a las necesidades de su alumnado.
- Extiende los conciertos a la nueva formación profesional básica, o da cobertura legal a los centros concertados que discriminan al alumnado en razón de su sexo, incumpliendo la reciente sentencia del Tribunal Supremo.
En definitiva, los principales cambios responden a un pensamiento clasista y segregador; se trata de viejas rectas que no han dado los resultados anunciados en aquellos países donde se han aplicado y que la comunidad científica internacional ha rechazado de plano. Sus razones no son las de la construcción de la escuela del futuro, sino la restauración de la mala educación del pasado.
Por todo ello, solo nos queda una salida, que hemos de tomar todxs juntxs: TUMBAR LA LOMCE.