El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zaragoza, José Manuel Alonso, ha anunciado que solicitará un pleno extraordinario para que la ciudad encabece la oposición a la reforma de la ley de administración local.
Alonso ha avanzado que solicitará a los grupos municipales, «especialmente al PSOE y CHA», la convocatoria de la Junta de Portavoces para trasladar la petición de celebrar un pleno extraordinario, donde debatir «en qué situación deja al ayuntamiento este anteproyecto de ley y si agrede a los derechos de los ciudadanos».
Para convocar un pleno extraordinario se precisa un tercio de los votos de los 31 concejales y Alonso ha confiado en que los pueda reunir «sin problemas».
En rueda de prensa, Alonso ha explicado que el periodo de transición de traspaso de competencias entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón es de cinco años para competencias como sanidad o educación, mientras que en el ámbito de los servicios sociales el plazo se limita a un año.
«Nadie está en condiciones de asumir esta competencia en un año» ha asegurado Alonso para estimar que «en el fondo, la intención es privatizar».
Al respecto, Alonso ha apreciado que en el texto del borrador «queda muy claro que se pretende favorecer la iniciativa económica privada desde el desmantelamiento de los ayuntamientos».
«LEY ANTIAYUNTAMIENTOS»
Así, ha dicho que bajo el principio de un competencia una administración se «eliminan competencias del Ayuntamiento y el principio de cercanía se sustituye por el de sostenibilidad financiera».
Alonso ha interpretado que con este borrador legislativo «las competencias del Ayuntamiento queda supeditadas» a la capacidad económica del Gobierno autonómico cuando, además «se dice que no habrá dotaciones extras a las Comunidades autónomas que asuman las competencias».
A su parecer, «se trata de un recorte durísimo» y ha calificado este borrador de «Ley Antiayuntamientos del PP, que atenta directamente contra las bases mismas del Estado porque los Ayuntamientos vertebran el territorio y también atenta contra la Constitución».
Además, lo ha tildado de «ley artera, falaz y mentirosa» porque el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, «con sonrisa mefistofélica anuncia una ley con un principio muy querido de la derecha de que el ejercicio en la administración local sea voluntario y gratuito para el que se lo pueda permitir».
También ha rebatido algunas cifras aportadas por Montoro, ya que frente a la estimación de que el 79 por ciento de los alcaldes de España «no cobrarán, en realidad es el 81 por ciento de los alcaldes los que ya no cobran».