El concejal de IU en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Muñoz, ha solicitado hoy en la Gerencia de Urbanismo que el Ayuntamiento de Zaragoza ponga a disposición, de manera inmediata, todos los suelos habilitados como equipamiento educativo en la zona de Valdespartera o Rosales del Canal para que se construya el demandado nuevo colegio público de Educación Primaria y “para que el Gobierno de Aragón no ponga como excusa para no hacerlo la no disposición de terrenos”.

Por otra parte, desde el grupo parlamentario de IU en las Cortes, su portavoz de Educación, Adolfo Barrena, critica la negativa del Servicio Provincial de Educación de modificar la propuesta de escolarización que, en el caso de los barrios de Valdespartera y Rosales del Canal, supone que las y los alumnos se tendrán que desplazar hasta el barrio de la Romareda, sin contar con transporte escolar ni comedor. Así, IU propone la construcción de un nuevo centro escolar público de al menos tres vías en la zona sur de Zaragoza porque la demanda es absolutamente suficiente.

Para Izquierda Unida la eliminación de aulas que está llevando a cabo Educación responde a una estrategia. “Educación está esperando a que se apruebe la LOMCE y facilitar a la enseñanza privada su entrada en los nuevos barrios de la ciudad”, denuncia Muñoz. “Exigimos –explica- la retirada inmediata de la LOMCE cuyos cambios, ideados por el PP de común acuerdo con la patronal educativa y la Iglesia Católica, están hechos a espaldas de la comunidad educativa y social”.

Por su parte, Adolfo Barrena reitera que su formación política y social “está claramente en contra del cierre de las aulas con menos de seis alumnos a partir del próximo curso que es otra medida de Educación vinculada con el proceso de escolarización”. “Creemos –reitera-  que la gestión del sistema educativo se está haciendo con una absoluta falta de planificación y con el objetivo único de reducir los gastos, aunque ello suponga dinamitar la educación y especialmente la enseñanza pública”.

Para IU Aragón, “la Educación es un derecho básico establecido y garantizado en nuestra Constitución y debe ser de calidad y generadora de la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía, pero la política educativa del Gobierno del PP ha decido que vaya a estar únicamente al alcance de las clases privilegiadas”.