El grupo parlamentario de IU Aragón presentará una Proposición no de Ley ante el Pleno de las Cortes en relación con la deuda de Zaragoza Alta Velocidad (ZAV). Una propuesta que tiene como objetivo que el pago de esta deuda no repercuta en la ciudadanía y en la que IU reclama desestimar y rechazar la propuesta recientemente acordada en el Consejo de Administración de ZAV referente a sacar a la venta suelos con una depreciación del 60 % y con incremento de la edificabilidad.
Además, a través de esta iniciativa, IU reclama a los socios de ZAV, especialmente al mayoritario, una propuesta de solución del problema de la deuda contraída basada en la negociación con las entidades financieras clausulas de reducción de los tipos de interés, alargamiento de los plazos de amortización, plazo de carencia de pago de amortizaciones mientras dure la crisis económica y financiera y, como alternativa, si no se da este acuerdo, la negativa a pagar la deuda por imposibilidad económica real considerando la posibilidad de que, en este caso, se aplique la dación de los suelos en pago de la deuda. El tercer punto de la iniciativa insta, en último caso, la compra de estos terrenos, en su precio real, por el SAREB como se ha hecho con los activos tóxicos de las entidades financieras.
El portavoz de Hacienda de IU, Adolfo Barrena, y el portavoz de Obras Públicas y Urbanismo de IU, Miguel Aso, han explicado esta iniciativa en una rueda de prensa convocada esta mañana en las Cortes de Aragón. Una propuesta que han trasladado al Congreso de los Diputados y que mañana el grupo municipal de IU del Ayuntamiento de Zaragoza presentará en el Pleno. El motivo es que esta “deuda de 360 millones de euros” atañe a las tres administraciones, a Fomento, al Gobierno de Aragón y al Consistorio zaragozano. Cabe recordar que ZAV una empresa pública, constituida el 3 de junio de 2002, de la que el Estado, a través de Adif, tiene el 50% del accionariado, el Gobierno de Aragón otro 25%, y el Ayuntamiento de Zaragoza tiene el 25% restante. Esta empresa pública tenía, y tiene, un objeto, que era la transformación urbanística de los terrenos que colindaban en el eje ferroviario de entrada a Zaragoza, donde estaba la antigua estación del Portillo, la zona de la avenida Goya, un corredor: Portillo, Delicias, La Almozara y otro corredor, el que va desde Oliver a Valdefierro (barrios zaragozanos).
Barrena, que ha desgranado los datos sobre esta cuestión que comenzó en el año 2002, recuerda que IU ya advirtió, en su día, que era un error, y un grave riesgo, abordar una operación de endeudamiento de estas dimensiones fiándolo todo al desarrollo urbanístico de unos suelos y a la especulación urbanística. “Lamentablemente teníamos razón como así lo demuestra la situación actual”, ha señalado para aseverar que resulta sorprendente que en el Consejo de Administración de ZAV, celebrado el pasado diciembre, “volvieron a apostar por resolver la deuda recurriendo a la venta de suelos y al incremento de la edificabilidad”. “Pero lo hacen mediante una depreciación de los terrenos del 60 % y reclamando un aumento del número de viviendas permitidas. Así, la depreciación significa depreciar hasta los 214 millones de euros unos terrenos que la empresa adquirió por 500 lo que es una devaluación del 60 %.”, ha advertido.
“Es evidente –ha continuado- que vender todo el patrimonio de la empresa pública, con una pérdida del 60 % de su valor para conseguir 214 millones, que ni siquiera cubren la deuda actual de 360 millones, es un despropósito y, aunque se vendieran los terrenos, quedarían una deuda de 146 millones de € que pagarán los ciudadanos y ciudadanas a través de sus impuestos”.
Sobre esta cuestión, Miguel Aso ha informado que “la operación se completa con el incremento de la edificabilidad para hacer los terrenos más atractivos” y ha vuelto a insistir en que “el Convenio del Ave, la operación de los suelos ferroviarios y las decisiones que ha tomado y viene tomando la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad, constituyen el paradigma de la utilización del suelo como “fórmula mágica” para la financiación de todo tipo de equipamientos, infraestructuras y en general, de financiación de las administraciones sin tener en cuenta otros parámetros, como la necesidad de garantizar el acceso a una vivienda digna, el modelo de ciudad creado, etc.”.