Una verdad absoluta ha recorrido España, una verdad que, hasta estos momentos de profunda crisis, éramos muy pocos los que la cuestionábamos. Una verdad sobre la que, cualquiera que opinase en su contra, se llevaba duras críticas por gran parte de la sociedad civil, política y mediática. Tal verdad, que en realidad no pasa de teoría, viene a asegurar que las infraestructuras generan riqueza y empleo.
Pues bien, cada día somos más los que creemos que es necesario crear y tejer una red de infraestructuras importante, pero una red, en primer lugar, acorde a nuestras necesidades presentes y futuras pero, sobre todo y en especial, una red realista. En los últimos años, los gobernantes del PP y del PSOE se han volcado en España en dotarnos de unas infraestructuras carísimas de ejecutar y mantener, infraestructuras no siempre, ni mucho menos, acordes a nuestras necesidades. Infraestructuras que han hecho que España esté en el pódium en aeropuertos per cápita, kilómetros carreteros de vías rápidas (autovías y autopistas) o en absurdos kilómetros de líneas AVE altamente deficitarias.
En consecuencia, y a la vista del axioma que se nos ha vendido, parece que debiéramos ser los reyes del empleo y la riqueza. Sin embargo, muy al contrario y muy tristemente, no lo somos. Y es que lo que sí es una verdad evidente es que el impacto de las grandes infraestructuras en términos de crecimiento económico y en términos de empleo es muy escaso y cada vez menor, y que los países que mejor han aguantado y aguantan esta crisis son aquellos en los que sus trabajadores y sus sectores profesionales están ligados a una mayor formación técnica y de apuesta por la I+D+i; es decir, aquellos estados cuyos sectores productivos no se basan en ladrillo, asfalto, nieve, sol y playa.
En medio de esta situación económica se sigue echando más madera a la locomotora de las grandes infraestructuras. Se eliminan o paralizan trenes regionales y cercanías, asoman nuevas inauguraciones de AVE que se llevan una inversión estatal 40 veces mayor que las cercanías, aunque no transporten ni el 6% que éstas. En Aragón se empecinan en la Travesía Central, sin haber sido capaces de poner en marcha el Canfranc, que cubre más que sobradamente nuestras necesidades a un coste infinitamente menor, o se habla y se pide dinero para el desdoblamiento de la Nacional II o la Nacional 232, unos desdoblamientos que, de realizarse, no serían ni mucho menos un ejemplo de gran gestión política y, sin embargo, sí lo son de despilfarro económico y de ocupación innecesaria de suelo y, por tanto, de desprecio absoluto al impacto en el medio natural. Y es que, a nuestro juicio, en relación a estos desdoblamientos, la prioridad sin duda es solucionar el problema de la alta y recurrente siniestralidad de la vía, y todo ello hacerlo en el menor tiempo posible y con el menor impacto económico y medioambiental. Para ello, creemos, y así lo hemos defendido, que lo más sensato hubiera sido que no se hubieran renovado las concesiones de las autopistas por los anteriores gestores estatales; sin embargo, llegados a esta situación, lo razonable es que cualquiera de ambos gobiernos, el Popular o el Socialista, hubieran negociado el rescate de la concesión y, llegado el caso y si no hay acuerdo, resolver la misma con la indemnización que hubiera lugar. A fin de cuentas, seguramente no será mucho más costoso, si es que lo es, rescatar una concesión que tiene fecha de caducidad que hacer una autovía e ir pagando peajes desde el Estado mientras se hace la misma.
Lo que a nuestro juicio sí está claro son cuatro cosas: que es mucho más rápido resolver una situación administrativa si hay voluntad política que fijar y ejecutar partidas en los Presupuestos Generales del Estado para hacer una autovía; que no es razonable ni admisible mantener en el tiempo los índices de siniestralidad que presentan la Nacional II o la Nacional 232; que no es sostenible por ejemplo, tener 10 carriles de circulación entre Fraga y Alfajarín cuando puede hacerse con los 6 ya existentes; y, por último, que parece que el peso de las grandes constructoras y promotoras en nuestros gobiernos es tal, que la solución siempre pasa por no primero no tocarles lo que tienen si les funciona, y segundo seguir sacándoles más obra pública. Siendo irónico, a ver si alguna vez resulta que no ganan.