Las Cortes de Aragón constituyeron ayer la Comisión de Investigación para estudiar, analizar y depurar las responsabilidades políticas, si las hubiera, sobre la organización, planificación, funcionamiento y gestión del saneamiento y depuración de aguas en Aragón, así como el desarrollo y futuro de las acciones sobre dicha materia.
Nuestra portavoz parlamentaria, Patricia Luquin, participará en esta comisión que llevará a cabo durante los próximos seis meses, plazo que establece el acuerdo del Pleno para finalizar los trabajos de esta Comisión y que, tal y como fijó el hemiciclo, puede ser prorrogable.
La solicitud de esta creación fue firmada por Podemos y registrada ante la Cámara en marzo del año pasado. Esta petición recibió el visto bueno del Pleno el 20 de abril al salir adelante por unanimidad de todo el hemiciclo. Desde IU mostramos nuestra satisfacción por la puesta en marcha de esta comisión, porque ya en el año 2012 nuestro grupo parlamentario lo solicitó su creación, porque considerábamos que el Gobierno de Aragón no tenía ni tiene una posición clara ni una política definida en un tema tan importante como es la obligación de depurar y sanear las aguas.
“Queremos llegar hasta el final, conocer exactamente la situación, los posibles desfases económicos, revisar las adjudicaciones de construcción de depuradoras, etc.”, apunta Luquin.
La privatización del ciclo integral del agua en Aragón es una realidad, ya que las políticas de PSOE, PAR y PP han hecho posible que la depuración sea gestionada de manera íntegra por empresas externas. Tanto el gobierno PSOE PAR, como el PP PAR, han hecho de la privatización de la gestión de la depuración un objeto de negocio privado, encareciendo el recibo que pagan las y los aragoneses al diseñar sistemas de depuración en demasiadas ocasiones sobredimensionados, los cuales hay que pagar con el dinero de todos y todas y en no pocas ocasiones, con sistemas de depuración que no son los más eficientes para las pequeños municipios aragoneses.