Una vez más mostramos nuestro rechazo a la gestión del Gobierno de Lambán del Impuesto de El Gobierno de Aragón (ICA) y criticamos que el Ejecutivo haya pasado el cobro del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) de 2018 a más de un centenar de municipios aragoneses.

Nuestro Coordinador general, Álvaro Sanz, recuerda que el presidente aragonés, en respuesta a una pregunta formulada por la portavoz parlamentaria, Patricia Luquin, en el Pleno de las Cortes, se mostró dispuesto a “replantear el ICA e introducir bonificaciones”. “Sin embargo, -continúa- ni siquiera se ha molestado en esperar a la comisión especial sobre la aplicación del ICA que tendrá lugar el mes que viene en las Cortes de Aragón”. En su opinión, “el Gobierno demuestra de nuevo que no tiene ninguna voluntad para solucionar este asunto girando los primeros recibos del 2018 sin esperar a analizar el impuesto, tal y como estaba acordado y buscar soluciones que lo hagan más justo”.

Rechazamos la formulación actual del impuesto, “porque responde a un plan de depuración caracterizado por la falta de transparencia, la sombra de la corrupción y la privatización del ciclo del agua”. De hecho, “continuar con la aplicación del ICA tal y como está supone validar un Plan aragonés de Saneamiento y Depuración de las Aguas que ha sido sometido a investigación parlamentaria en la que se ha demostrado que el Plan ha resultado siendo un inmenso y costoso fraude para los municipios y la población aragonesa”, explica Álvaro Sanz.

El ICA y su formulación actual viene a sufragar la un plan de saneamiento “incumplido”, “improbable” y “con riesgo alto de incumplimiento”, tal y como dijo la Cámara de Cuentas de Aragón tras analizar las tres fases del Plan de Depuración de Aragón.

“Ahora incumplen su compromiso con la reforma del ICA”, reitera Sanz para denunciar “esta vergonzosa actitud del Gobierno que debería estar buscando una propuesta consensuada con los municipios y las organizaciones que exigen alternativas”.

Esta propuesta debería garantizar un modelo de saneamiento de las aguas sostenible y que garantizase que en Aragón nadie se queda sin depurar a precios justos. “Sin embargo lo que está haciendo el Ejecutivo de Lambán es centrarse en el resultado recaudatorio de un impuesto diseñado para financiar desmanes y barbaridades que saben no son posibles”, concluye Sanz.