Este viernes llevaremos al Pleno de las Cortes la aplicación del Real Decreto que regula el Ingreso Mínimo Vital, aprobado el pasado 29 de mayo, y que va destinado a redistribuir la renta con la intención de erradicar la pobreza extrema, lo que configura un nuevo marco para ampliar con garantías las coberturas sociales.
“El Ingreso Mínimo Vital no debe suponer un recorte de prestaciones dirigidas a la respuesta a las situaciones de vulnerabilidad”, advierte nuestro portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, quien considera que “es necesario coordinar las prestaciones preexistentes con el Ingreso Mínimo Vital para poder ampliar la cobertura social en nuestra comunidad”.
Con el objetivo de conocer cómo se van a coordinar las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón con el Ingreso Mínimo Vital para garantizar una respuesta digna a las situaciones de pobreza, Sanz interpelará a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, en la sesión de control al Gobierno.
Cabe recordar que la Ley de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón tiene por objeto definir un conjunto de mecanismos y medidas de carácter urgente que garanticen la efectividad de los derechos sociales, con especial atención a las situaciones de emergencia social y a las personas o unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad o de especial vulnerabilidad.
Esta ley estableció su desarrollo reglamentario a través de un Decreto por el que se regulan las prestaciones económicas para situaciones de urgencia, para el apoyo a la integración familiar y los complementos económicos para perceptores de pensión no contributiva. En dicho Decreto se limita el acceso a las ayudas de urgencia a las unidades de convivencia de ingresos iguales o inferiores a una vez el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples que podrán ampliarse hasta 1.5 veces en según qué consideraciones y ampliarse un 20% a partir del 4º miembro. Izquierda Unida advierte que este marco “deja fuera” a multitud de familias garantizando sólo la actuación frente a la pobreza severa y limitando la prevención ante situaciones que eviten entrar en círculos de pobreza.
Ahora, esta nueva prestación, que supone una medida de justicia social y eficiencia económica histórica en nuestro país, será compatible con las rentas de inserción autonómicas y con ingresos laborales, “por lo que todas las prestaciones económicas deberán estar coordinadas”, apunta Sanz.
En su opinión, “esta medida teje una red de seguridad que también resultará clave en la recuperación económica de Aragón tras la pandemia, ya que el dinero no se va a utilizar para especular ni terminará en un paraíso fiscal a los que fueron a parar los millones de euros que se entregaron por el rescate bancario de 2008, sino que se empleará para activar la economía través de las propias familias y servirá para evitar que se acentúen las desigualdades como sucedió en la anterior crisis”.