Nuestro Coordinador y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha comenzado su intervención en la comisión de Hacienda mostrando su solidaridad y pésame a las familias y allegados de las personas que han fallecido con coronavirus, dentro de la ronda de comparecencias que las y los consejeros del Gobierno de Aragón están realizando en las Cortes para dar cuenta de las diferentes vertientes de la lucha contra la epidemia de la COVID-19 y sus efectos. Unas comparecencias que se realizan por videoconferencia.
Sanz ha reconocido que el Departamento de Hacienda tiene la difícil responsabilidad de “reordenar los recursos presupuestarios en base al Decreto que se aprobó el pasado 25 de marzo para dar una salida social a esta crisis que, además de sanitaria, es económica”. Por ello, ha pedido al consejero del ramo, Pérez Anadón, que informe de la incidencia, en términos presupuestarios, de la gestión de esta crisis, cómo se están atendiendo todas las necesidades, sobre cómo está el Fondo de Contingencia y de cuáles van a ser los gastos esenciales y las partidas esenciales y no esenciales a disposición en este presupuesto. “En IU tenemos claro que ahora mismo hay que disponer de cuanto sea necesario para combatir la enfermedad y por eso es necesario saber cómo vamos en ese sentido”, ha continuado.
También Sanz ha pedido una reflexión para evitar “males mayores” porque cabe recordar que estos presupuestos para 2020 al estar fundamentados en los ingresos por consumo y las rentas del trabajo se van a ver muy afectados. “Por lo tanto, en el programa de recuperación tendremos que repensar en profundidad y de forma estructural muchas cosas”, ha señalado.
El diputado ha reiterado la necesidad de blindar los servicios públicos, como la Sanidad, de frenar las privatizaciones y avanzar en la soberanía productiva y, “más allá de este episodio complejo, cabría una reflexión sobre nuestra tendencia a la especialización en determinados sectores esperando que sea el mercado el que nos provea de los recursos necesarios para garantizar el correcto metabolismo de nuestra economía”. En este sentido, Sanz ha reclamado una reflexión en torno a este nuevo modelo productivo, de reindustrialización, de la mano de la investigación en sectores estratégicos y, sobre todo, en aquellos que están poniendo en valor y que están salvando vidas y haciendo que la vida sea más llevadera, como el sector de los cuidados.
Sanz ha hablado de la superación de las políticas de austeridad, “de la necesidad de acabar con esos marcos que esclerotizan la capacidad de lo público para dar respuesta, en momentos como éste, también a necesidades perentorias y urgentes y que tienen que ver también con la capacidad de lo publico, desde los servicios públicos que garantizan derechos”. Por ello, ha considerado fundamental garantizar la financiación de los mismos con una nueva redistribución fiscal y avanzar en la progresividad. “Estamos oyendo noticias sobre donaciones y poniendo en valor la actitud determinados determinados sectores productivos, sobre todo, el empresarial, cuando hay que recordar que en este país las multinacionales cotizan el 12,6% de la renta, que hay una evasión fiscal insoportable que llega al 5% del PIB, o que la economía sumergida sigue siendo casi 22 puntos del PIB”, ha argumentado.
Sobre el incremento de la calidad desde la perspectiva de la justicia fiscal, IU no habla de grabar más al que no tiene, sino al que más para garantizar así una salida justa,. “Porque todas las crisis exigen esfuerzos pero hay que repartirlos justamente y esperamos que está no se salde igual que la del 2008”, ha reiterado.
El diputado le ha pedido al consejero de Hacienda que informe sobre cómo va a defender esta posición política en Madrid y le ha recordado que, además de exigir, es necesario cumplir con los deberes en materia fiscal “haciendo que los que más tengan, contribuyan más”.
En cuanto al Decreto del 25 de marzo, entendemos que es necesario pero se debe acotar muy bien
de qué estamos hablando porque la transformación que supone su aprobación de cara a determinadas cuestiones como, por ejemplo, el control del gasto, es importante. Por ello, Sanz ha hecho alguna consideración sobre el contenido, el alcance temporal del mismo y su desarrollo.
Sobre el contenido, Sanz ha recordado los artículos 34 y 36 que hacen referencia a la posibilidad de exonerar a empresas que opten a subvenciones en materia de mantenimiento del empleo. Sin embargo, ha recordado al consejero que este Decreto es enmendado en ese sentido por el Real Decreto del 27 de marzo que determina que no se puede considerar que la causa de fuerza mayor, la económica, la técnica y la productiva derivadas de la crisis del Covid 19 justifique despidos, por eso se habilitan mecanismos como los ERTEs y otro tipo de medidas sociales y económicas para dar respuesta. Es por ello, por lo que IU le propone al Gobierno de Aragón que actualice ese Decreto y lo armonice al contenido del Real Decreto.
Sobre su alcance temporal, Sanz ha aseverado que hay cuestiones que no pueden demorarse más allá del Estado de Alarma para garantizar el lógico y normal desarrollo de la actividad institucional y, por lo tanto, al correcto sometimiento a los controles exigibles.
IU ha mandado aportaciones sobre el desarrollo del Decreto, sobre todo lo que tiene que ver con trabajo, con contratos que ahora mismo se están dedicando a suplir las necesidades sobrevenidas del Covid 19 y que estaban en suspensión, como por ejemplo, los comedores escolares. Consideramos que ningún trabajador de una contrata pública debería perder poder adquisitivo por cuanto la norma estatal permite que sea la Administración la que sufrague precisamente que la perdida de ese valor repercutiese sobre el trabajador. “Por lo tanto, a la hora de hacer una reconversión de contratos, por ejemplo, de los comedores escolares para otro servicio, creemos necesario que se analice que todos los trabajadores y trabajadoras cumplen con las condiciones oportunas para poder aclimatarse a esa nueva realidad productiva y, si no es así, que se les garantice el 100% del salario”, ha apuntado para advertir que “si no, la otra vía son los ERTEs y estas empresas no han solicitado precisamente esa cláusula del RD para garantizar que el Estado, en este caso las CCAA, sufraga el coste de la pérdida en ese porcentaje”.