“Nos temíamos y denunciamos la destrucción empleo como consecuencia de los recortes del Gobierno del PP en las ayudas a la minería del carbón de los PGE”, señala el diputado de IU por Teruel, Luis Ángel Romero, tras conocer que la empresa Samca no ha renovado el acuerdo que vinculaba a la subcontrata Peal, que operaba en Ariño, por lo que 24 trabajadores “se han quedado en la calle”.
“Tampoco las empresas del sector del carbón ha cumplido el compromiso que adquirieron con la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, de mantener el empleo”, denuncia Romero.
Cabe recordar que Izquierda Unida advirtió que el recorte del 63% de ayudas a la producción de carbón contempladas en los Presupuestos Generales del Estado conllevaría la destrucción de empleo directo, “y vemos que ha comenzado por las subcontratas, la parte más débil”, añade Romero.
A su entender, “el ministerio de Industria ha condenado a las zonas y comarcas mineras y a sus gentes y, tras un verano de movilizaciones, encierros y la huelga mantenida por los trabajadores del sector, la inquietud y preocupación por este sector es máxima”.
Por ello, Izquierda Unida insta al Gobierno de Aragón a tomar medidas de forma inmediata “Las Cuencas Mineras –continua Romero – están castigadas por la situación económica y laboral en la que se encuentran ante la falta de planes y de inversiones que aseguren tanto el futuro del sector como la puesta en marcha de proyectos alternativos que generen empleo y que, además, aseguren la cohesión social y sirvan para frenar el despoblamiento de estas zonas”.
En este sentido, Romero recuerda al Ejecutivo PP-PAR que el Pleno de las Cortes de Aragón aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley de Izquierda Unida donde se le instó a poner en marcha las medidas necesarias para garantizar el empleo en las zonas mineras y a defender los intereses de los municipios y comarcas afectadas y del sector del carbón en general, ante el Gobierno de España.
“El Gobierno aragonés –concluye- debería tener como objetivo prioritario dar una alternativa socioeconómica, en el marco del desarrollo sostenible, a las zonas y comarcas mineras que siguen viviendo con preocupación el cierre de las explotaciones mineras y reclaman su derecho a tener oportunidades de futuro que sólo puede venir con una clara apuesta por la diversificación económica y por su inclusión en el nuevo Plan Energético Nacional del Carbón”.