Izquierda Unida respalda las reivindicaciones de las y los trabajadores del Centro de Observación y Acogida de Aragón (COA) quienes han remitido una carta a las empresas, Intress Diagrama y Grupo Norte, que el pasado mes de febrero visitaron las instalaciones del centro y que son las tres entidades con las que parece estar negociando el Gobierno de Aragón para gestionar este recurso de protección de menores.
Cabe recordar que los y las trabajadoras del COA 2 secundan una huelga desde el pasado 1 de noviembre ante el recorte de recursos para atención inmediata y necesidades básicas de los niños y niñas protegidos en Aragón que el Gobierno de Aragón aplicó a través de la convocatoria de este concurso. “La plantilla del COA comenzó una huelga en rechazo a los pliegos del concurso ya que empeoraban la atención a los menores y precarizaban las condiciones laborales”, recuerda la portavoz parlamentaria de IU, Patricia Luquin, para señalar que, además, la empresa adjudicataria, FAIM, se presentó con una oferta en la que rebajaba un 7% el presupuesto y con la que suprimía dos puestos de trabajo. Sin embargo, el concurso quedó desierto.
Este hecho y el temor a que el Gobierno de Aragón contrate este servicio con una de estas entidades en las mismas condiciones que ya estableció en el citado concurso, ha provocado que las y los educadores del centro hayan solicitado a las citadas empresas que contesten públicamente a esta carta. Hay que señalar que las y los trabajadores consideran que estas condiciones responden a una memoria económica “engañosa” y “no garantizan” los derechos ni la atención de los niños y niñas acogidos en el COA. Por ello, han pedido que se comprometan públicamente a mantener la totalidad de la plantilla con un mínimo de educadores (7 educadores de mañanas, 6 de tardes, 4 de noche, 5 de mañanas en fin de semana, 4 de noches en fin de semana) en cada uno de los turnos y a sufragar todos y cada uno de los gastos derivados de la atención a estos menores, aunque esto suponga un balance financiero negativo en la gestión de su entidad en este recurso concreto y a que el único criterio para decidir si un gasto se debe hacer o no sea el educativo.
Además, en su carta les piden un compromiso firme con el cumplimiento del actual convenio de empresa que regula las condiciones laborales de la plantilla del COA en todos sus puntos y se compromete a aplicarlo igualmente a cualquier nuevo contratado ya a reforzar el equipo actual para que pueda desarrollar estas nuevas tareas sin que los menores pierdan de hecho educadores de atención directa y en el en caso de que se superen las plazas o de que técnicamente sea necesario.
“Desde el principio nos hemos opuesto a la gestión desarrollada por el Departamento que dirige Oliván en relación a la política de protección de menores, en general, y a este concurso, en particular, ya que conllevaba la precarización de los centros y no sólo perjudicaba a los asalariados sino que afectaba de forma directa a los derechos de las y los menores en protección”, recuerda la portavoz parlamentaria de IU Aragón, para quien las reivindicaciones expresadas en la carta son “cuestiones básicas, que el Gobierno debe exigir y las empresas deben cumplir para la protección de los niños y niñas tutelados por la Administración.
Así mismo, desde el COA anuncian que de consumarse un acuerdo entre DGA y cualquier empresa con las mismas condiciones del concurso desierto, se recurrirá ese contrato ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA).