Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentaria en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, solicita al presidente de la Comunidad, Javier Lambán, que intervenga en la mediación del conflicto laboral del sector de limpieza de edificios y locales de la provincia de Zaragoza.
IU respalda las reivindicaciones de estos casi 10.000 trabajadores (en su mayor parte mujeres) que hoy están convocados por sus sindicatos para analizar la situación creada ante la carencia del convenio colectivo, que se tenía que haber renovado el pasado 1 de enero. En este sentido, el marco regulador afecta a estas 10.000 personas que tienen un salario de entre 500 y 600 € y cuyo 75% tiene una alta tasa de temporalidad y de contratación a tiempo parcial. Además, de estas 10.000 trabajadoras/es, 1.800 ejercen su labor a través de contratas públicas, es decir, que trabajan en la limpieza de edificios y locales institucionales del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y Universidad.
La falta de acuerdo con las asociaciones empresariales ASPEL (asociada en CEOE) y ASOAL (de ámbito regional), junto con la actual regulación de la ultraactividad de los convenios colectivos dispuesta en el Estatuto de los Trabajadores, ha tenido como resultado que el convenio colectivo desaparezca.
Las y los representantes sindicales advierten que las implicaciones que de ello se derivan exceden lo laboral y consideran necesario que los poderes públicos tomen parte. Por ello, Luquin señala la necesidad de la implicación del Gobierno de Aragón en la resolución de este conflicto laboral, ya que no debe obviar su responsabilidad en el control de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que subcontrata mediante empresas, como es el caso de las limpiadoras de los centros públicos que dependen del mismo.
En este sentido, Luquin recuerda que las Cortes aprobaron una iniciativa de IU por el que el Gobierno de Aragón se comprometió a la creación del Observatorio de la Contratación Pública para que, entre otras cuestiones, se controle el cumplimiento de los pliegos de condiciones de las diferentes contratas, entre ellas la de limpieza, que tiene el Gobierno para la prestación de determinados servicios.