Las calles se llenan de indignación, piden derechos. La movilización de pensionistas, igual que fue la feminista, dicen que ya basta, reclaman soluciones. Me alegra ver que la gente sale del letargo, reivindica y se lanza a defender lo que es suyo, lo que costó tantos años de lucha conseguir. Participo, como siempre hemos hecho las mujeres y hombres de Izquierda Unida, en la movilización reivindicativa.
Hablamos de las pensiones y lo primero que toca decir, frente a quienes señalan lo contrario, es que es un tema netamente político. No es una cuestión contable como quieren hacernos creer y no es algo que puedan resolver tecnócratas de turno. Las pensiones son un problema político porque van vinculadas a la política que se hace. Política que, como es obvio, hace quien gobierna.
Quien gobierna en este país, recordemos que gracias al voto de más de 8 millones de personas, se ha empeñado en hacer la política que quieren la banca y los mercados. La banca lleva años intentando “comerse” el pastel de las pensiones. Son miles de millones de euros al año los que se mueven entre la recaudación de las cotizaciones sociales y el pago mensual de las nóminas de pensionistas.
Por eso, la derecha, la política, la económica y la mediática, está preparando el terreno. Se dedica a difundir que las pensiones peligran, que no se puede sostener el sistema, que se salve quien pueda recurriendo a un fondo privado de pensiones.
Esta visión se alimenta descaradamente con la política de recorte, con la subida ridícula del 0,25 % y así, además de cuadrar las cuentas del Estado, se “mete miedo” y se aumenta la sensación de que el sistema no aguanta. La táctica sirve, también, como excusa perfecta para empeorar el sistema (se reducen las pensiones, se incrementa la edad de jubilación,…). Es la estrategia ya conocida de esta gente: deteriorar lo público para hacer que lo privado se considere mejor y más seguro.
Pero no hay que entrar a ese juego. Las pensiones tienen solución y la tienen siempre y cuando se tomen medidas políticas que ayuden a revertir la situación.
Tiene que ser una medida política la que derogue las reformas laborales, recupere los ingresos por cotizaciones sociales que proporcionan los empleos y salarios dignos y acabe con el empleo basura y con las rebajas de cotizaciones a la patronal.
Es una medida política la que tiene que acabar con el fraude laboral, con los contratos no registrados, con las horas extras no pagadas,…Ello haría que se ingresase más por cotizaciones sociales y evitaría el abuso y enriquecimiento de indeseables.
Es una medida política la que permitiría incrementar las prestaciones por desempleo, haría que personas en paro de más de 52 años coticen y podría hacer que cotizasen también becarios/as y alumnado en prácticas.
Es una medida política la que obligaría a aportar ingresos al sistema de pensiones, desde los presupuestos generales del Estado. Ello se podría hacer si se tomase la medida política de aplicar una fiscalidad progresiva, que acabe con los beneficios a banca y a las empresas y que haga pagar más a quien más tiene.
Como vemos puede resolverse el problema, pero salvo proceso revolucionario, la solución es cambiar a través de una lucha unitaria y trasladando a las instituciones, a través de los partidos que se comprometen, medidas políticas al servicio del interés general y de la ciudadanía.