Esta mañana, el diputado de IU José Ángel Miramón ha registrado junto con CHA y PSOE una moción en la DPZ expresando el rechazo a la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que ha impuesto Gallardón. Reproducimos el texto de la iniciativa:
MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS PROVINCIALES PSOE, IU Y CHA CON MOTIVO DEL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR EL QUE EL GOBIERNO DE ESPAÑA PRETENDE REVISAR LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN ESPAÑA SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA E INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
El objetivo de un gobierno debe ser procurar soluciones a los problemas, sin embargo, en el caso del PP, el Gobierno de España no hace sino crear problemas donde no los había, teniendo como fin último la restricción de los derechos y libertades.
Junto a estas restricciones, se legisla para evitar la defensa de los derechos y libertades por parte de la ciudadanía. Las tasas judiciales para alejar el derecho de acceso a la justicia a buena parte de la población o la anunciada ley de seguridad ciudadana destinada a impedir que pueda manifestarse la libre opinión, son ejemplos del retroceso constante que están suponiendo las decisiones del PP, y que nos llevan a épocas pasadas que parecen añorar, en las que el aborto estaba restringido a las mujeres que podían pagarlo, exponiendo al resto que no podían a embarazos no deseados o a abortar en terribles condiciones.
En este marco, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.
En su texto, se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes, y se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida lo que implica no sólo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada.
La Ley, que vino a sustituir a una regulación que veinticinco años atrás había supuesto un avance en la protección de las mujeres, fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria tras el trabajo en sede parlamentaria de una Subcomisión en la Comisión de Igualdad en la que se contó con la participación de una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la bioética y la sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así como distintos pronunciamientos, en forma de conclusiones y recomendaciones, del Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea.
El Gobierno ha anunciado una revisión de esta legislación que representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias.
En este sentido, el 20 de diciembre de 2013 se presentó en el Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley Orgánica cuyo contenido ha confirmado, y tristemente superado, las peores conjeturas acerca de sus desastrosos efectos sobre la libertad y los derechos de las mujeres.
Con el Anteproyecto aprobado por el Gobierno se suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas, considerándose como delito despenalizado sólo en los supuestos de violación y «grave peligro para la vida o la salud» de la mujer, privando a ésta de su derecho a decidir sobre su maternidad. Se suprime también, por tanto, el supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida que había justificado la interrupción del embarazo desde los años ochenta del siglo pasado.
Esta norma no sólo supondrá un grave retroceso de más de treinta años para la legislación española en este ámbito, y el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y de libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad, sino que situaría a España como un excepción en toda Europa, donde en los últimos años ningún país había legislado hacia atrás en esta materia, mientras que las mujeres españolas sufrirán ese retroceso después de haber contado con una de las legislaciones más avanzadas, más seguras, con mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y que había conseguido reducir el número de abortos en el último año.
Esta normativa ha provocado un enorme rechazo social de la ciudadanía española y europea, de las organizaciones sociales, profesionales y feministas, y además ha motivado la aparición de declaraciones de miembros de su propio partido, incluidas las de algunas mujeres que ocupan cargos públicos, discrepando de su contenido, y la crítica de dirigentes y medios de comunicación en el extranjero, donde sólo ha cosechado la felicitación de formaciones políticas de extrema derecha de otros países.
Por estas razones, proponemos los siguientes acuerdos:
PRIMERO-. Rechazar el Anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada aprobado por el Consejo de Ministros porque restringe derechos fundamentales de las mujeres, solicitando su retirada inmediata.
SEGUNDO-. Solicitar que cualquier reforma que se haga sobre la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, esté encaminada a ampliar los derechos que son fundamentales y específicos de las mujeres, de forma que las mujeres puedan decidir sobre si quieren o no ser madres.
TERCERO-. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España, al Gobierno de Aragón y a los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.
Zaragoza, 6 de febrero de 2014