Izquierda Unida en las Cortes de Aragón ha presentado cuarenta enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Emergencia Social en Materia de Prestaciones Económicas de Carácter Social, Pobreza Energética y Acceso a la Vivienda y nueve a la Proposición de Ley de reducción de la pobreza energética (electricidad, agua y gas) en Aragón. Una propuesta de legislativa de Podemos sobre la que Izquierda Unida considera que sería deseable que se integrara en el Proyecto de Ley del Gobierno PSOE-CHA para completarlo.
Las enmiendas de la formación política y social se han presentado se tras realizar un trabajo participativo que ha contado con las aportaciones de organizaciones como Cáritas o del Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón.
Para la portavoz parlamentaria de IU Aragón, Patricia Luquin, estos proyectos de ley van muy ligados a dar soluciones a la ciudadanía en temas tan sensibles como son el acceso a una vivienda digna a recursos básicos como la luz, el gas y el agua.
En cuanto al Proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Emergencia Social presentado por el Gobierno de Aragón, las enmiendas de IU incorporan que la inembargabilidad de las prestaciones económicas sociales no sólo sean las que otorga la DGA, sino que se amplíen también las de las entidades locales (Ayuntamientos y Comarcas. “Es decir, que cualquier ayuda considerada como prestación social sea inembargable”, explica Luquin.
Parque Público de Vivienda
Izquierda Unida mantiene su férrea defensa del acceso de toda la ciudadanía una vivienda digna. Por ello, una parte importante de sus enmiendas al proyecto de ley de emergencia social inciden en medidas para que el Gobierno de Aragón desarrolle una política tendente a conseguir un Parque Público de Vivienda Social suficiente para dar respuesta a la problemática actual y entre tanto, priorizará suscribir convenios de colaboración para aumentar la oferta habitacional. IU demanda que este Parque de Vivienda Social tenga consideración de Servicio Público y se gestione desde el Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de vivienda. Además, reivindica la creación de una partida presupuestaria propia bajo el título “Parque Público de Vivienda Social de Aragón” dotada con la cantidad resultante de aplicar el 0,4% a los ingresos corrientes de los Presupuestos de la Comunidad de cada anualidad (unos 18 millones de euros) hasta que se erradique la necesidad de acceso a la vivienda en nuestro territorio.
En cuanto a las entidades financieras, Izquierda Unida exige que, si esta tiene viviendas vacías, deba ponerlas a disposición del Parque público de Vivienda Social y, si no lo hace, la Administración debe imponerle una sanción.
Además, IU defiende que cuando la situación de una familia esté considerada de pobreza severa o extrema, los recursos que ésta destine al pago de la vivienda no podrá superar el 25% de su renta.
También Izquierda Unida da relevancia a la lucha contra la violencia machista, incorporando con sus enmiendas un título específico para que a las ayudas derivadas de la violencia machista tengan también carácter de prestaciones económicas del sistema de servicios sociales y tengan por objeto resolver situaciones de emergencia hacia las mujeres víctimas de la violencia machista en la Comunidad de Aragón. Además, IU propone que estas ayudas estén incluidas en la definición las prestaciones económicas reconocidas en el Catálogo de Prestaciones de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En cuanto al suministro energético, IU propone incorporar un apartado para que, en ningún caso, las empresas puedan cortar el suministro de agua, luz o gas sin avisar previamente a la usuaria o usuario y a la Administración y, en este caso, a la entidad comarcal o municipal por ser la más cercana a la ciudadanía y con el objetivo de abrir plazos para el entendimiento entre las partes afectadas y hallar de soluciones.
Sobre este tema, la energía, Izquierda Unida ha presentado 9 enmiendas al texto de Podemos, en el que añade un cuarto apartado cuando la formación morada habla de Declaración de Hogar Vulnerable. Además, reclama que el Gobierno de Aragón cree, en el plazo máximo de dos años, una entidad pública de comercialización de energética que permita prestar servicio en Aragón y sea utilizada como una herramienta más en la lucha contra la pobreza energética. Esto permitirá que sea más económico contratar cierta energía y permita dar un servicio a menor precio a los hogares vulnerables.