Moción sobre la reforma de la administración local que mañana lunes nuestra diputada Amor Pascual presentará por vía de urgencia al pleno de la Diputación de Teruel. Además también la registrarán mañana, para llevarlas a los correspondientes plenos, nuestros portavoces en el Ayuntamiento de Teruel, José María Martínez, y en el Ayuntamiento de Alcañiz, Miguel Ángel Gracia.
Desde IU hemos defendido contundentemente en los últimos años la necesidad de abordar las necesidades municipales garantizando el principio de autonomía local, reconociendo a los ayuntamientos su papel como parte del Estado, su autonomía política y su capacidad de gestión, y hemos exigido una profunda reforma del sistema de financiación de los entes locales que los dotara, efectivamente, de la financiación adecuada al cumplimiento de sus fines.
Desde este punto de vista y sin perjuicio de análisis más pormenorizado, la propuesta de modificación presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy es absolutamente decepcionante en su contenido, falsa en su justificación y profundamente ineficaz y nociva para el interés de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
Es decepcionante porque vulnera lo establecido en el Art 142 de la Constitución española, menospreciando el principio de autonomía municipal, y modificando el modelo constitucional de estructura territorial del Estado relegando a los ayuntamientos al mero papel de delegaciones de las CCAA y del Estado, sin contenido político y sin capacidad de gestión más allá de lo que decidan las otras administraciones.
El anteproyecto presentado supone una radical modificación sobre el marco competencial municipal reduciéndolo de un modo lamentable y reservando a los ayuntamientos prácticamente las competencias relativas al mantenimiento de la ciudad, razones por las cuales habría que cuestionar tanto política como jurídicamente su constitucionalidad.
Es falsa en su justificación porque una reforma de tales características no se justifica en la crisis económica y financiera, toda vez que el conjunto de la deuda achacable a las administraciones locales apenas asciende al 5% por ciento del total, respondiendo además al Ayuntamiento de Madrid más de la mitad dela misma. Másbien habremos de convenir en que se trata de una reforma radicalmente involucionista que responde a modelos políticos y sociales propios de una derecha reaccionaria, centralista y acérrimamente liberal, cuyo objetivo no es otro que disminuir el estado a su mínima expresión, desmantelando aquellas de sus capacidades que no resultan económicamente rentables, y disponiendo el traslado a manos privadas de todas aquellas que resultan financieramente apetecibles.
Es profundamente nociva para los intereses de la ciudadanía porque en vez de avanzar en la línea de construir ayuntamientos más fuertes con más competencias y mayor capacidad de gestión se va en la dirección contraria, intentando alejar la política de los ciudadanos y convirtiendo a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras administraciones y abriendo la puerta, aún más, si
cabe, al clientelismo partidista y al trato arbitrario. Es perniciosa para ciudadanos y ciudadanas porque desdeña el respeto debido a sus derechos más básicos, atribuyendo competencias esenciales a instituciones cuya crisis económica y estructural es de tal calado que le impide, basta con analizar sus actuaciones y sus presupuestos, y por ende sus criterios políticos, el más mínimo ejercicio de la competencia, y, lo que es más grave, la voluntad política de desarrollarla.
Por todo ello, IU propone que el Pleno adopte el siguiente ACUERDO:
1.- Instar al Gobierno de España a la retirada inmediata del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Insta del mismo modo al cumplimiento del Artículo 142 dela Constitución Españolapara la defensa dela Autonomía Municipal.
2.- Instar al Gobierno de España a iniciar un Proceso de Negociación de un Pacto Local con la FEMP que permita la financiación adecuada de los Municipios, la búsqueda de fórmulas que permitan asegurar la pervivencia de los servicios que ofrecen a la ciudadanía y su prestación desde la iniciativa pública.
3.- Instar al Gobierno de Aragón a elaborar, con la máxima urgencia, un informe de las afecciones que la aplicación de dicha ley, en su redactado actual, supondría para la provincia de Teruel.
4.- Instar al Gobierno de Aragón a iniciar un proceso de participación con la FEMCP que permita la financiación adecuada de los servicios que prestan todos los municipios aragoneses, teniendo en cuenta las especiales características y la realidad aragonesas, de manera que se garantice la prestación de los servicios públicos desde la iniciativa pública.
5.- Reprobar al Ministro Cristóbal Montoro por presentarla nueva Ley como una reducción del número de concejales que reciben una retribución, puesto que apenas se reduce un 1%, y sus declaraciones suponen una nueva descalificación de la política y de las personas que, sobre todo en los pequeños municipios, trabajan de forma altruista en beneficio de sus vecinos.