Pablo Muñoz, responsable de política municipal y autonómica de IU Aragón y concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza, reclama la creación de un parque público de viviendas a partir de las viviendas que hoy en día siguen vacías en manos de entidades privadas. Para Muñoz, “no podemos admitir que existan viviendas vacías y gente con necesidad, porque la vivienda, y toda la propiedad, tiene que cumplir una función social, lo dice la razón y nuestra Constitución”.
En este sentido, Izquierda Unida considera que este asunto debe ser prioritario en la agenda política del gobierno y considerarlo como una urgencia social, por lo que se debe acabar con la “voluntariedad” y “las buenas formas hacia las entidades bancarias”.
Cabe recordar que hace unos meses se creó el Fondo Social de Vivienda en Alquiler con un acuerdo entre el Ministerio y la FEMP para que los bancos voluntariamente pusieran a sus viviendas vacías alquileres asequibles para quien lo necesitara. “Meses después ha sido un fracaso, de las 6.000 viviendas para todo el Estado que se anunciaban solamente un puñado de casos ha sido beneficiario de esta política”, explica Muñoz.
Esta política “errónea” es la que, para IU, sigue el nuevo plan aragonés de vivienda que destina para todo Aragón, 885.850 euros en 2014 y 1.599.107 € en 2015 para crear un parque público de viviendas. «Es absurdo y pone en evidencia que no se quiere garantizar el derecho a una vivienda digna si eso pone en peligro el negocio”, denuncia responsable de política municipal y autonómica de IU Aragón.
Vivienda vacía
Por otra parte, Muñoz recuerda que sólo en Zaragoza existen no menos de 50.000 viviendas vacías, la mayoría en manos de entidades bancarias. De hecho, según el padrón, existen 45.000 viviendas sin que exista ningún titular, cifra que aumentaría si miramos las viviendas en las que no existe contador de agua que llegarían hasta las 87.000.
Para crear este parque, Izquierda Unida ha propuestos medidas como generar un parque de viviendas de alquiler social con los activos de la SAREB gestionados por los ayuntamientos e incentivar los alquileres sociales a precios asequibles con la bajada de los precios de alquiler de las VPO, regulando los gastos de comunidad que se pueden repercutir y gravando la vivienda vacía (que afecta a los bancos sobre todo). Todo esto, a través de una ley autonómica o con acciones municipales como el IBI o tasas especiales.