También se defenderá una iniciativa para instar al Ayuntamiento a velar por el cumplimiento de acuerdos plenarios pasados y futuros y así “evitar que queden en papel mojado” Izquierda Unida propondrá en el pleno del Ayuntamiento de Ejea la revisión del acuerdo con la Santa Sede por el cual se exime del pago del IBI e instará al consistorio de la Villa a analizar el conjunto de beneficios fiscales para adaptarlos a la realidad social y económica. Asimismo, reclama la elaboración de un censo de bienes rústicos y urbanos propiedad de la Iglesia católica u otras confesiones religiosas, así como entidades y asociaciones afines.
“Ha llegado el momento de poner fin a unos privilegios que son anacrónicos para una democracia moderna”, considera el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Ejea, Ismael Sanz, que recuerda que el grupo parlamentario en las Cortes Generales La Izquierda Plural formuló una pregunta al respecto, a la que el Gobierno contestó que “los bienes estarán inscritos a favor de la entidad católica que corresponda y serán los ayuntamientos los que deben girar el correspondiente impuesto y la iglesia justificar, en su caso, la exención correspondiente”. En este sentido, IU reclamará que “Ejea de los Caballeros dé un paso adelante y reclame el esfuerzo tributario correspondiente para, de este modo, garantizar unos ingresos suficientes que sostengan unos servicios públicos de calidad”.
Por otro lado, Izquierda Unida también defenderá una iniciativa exigiendo el cumplimiento de las mociones aprobadas por el pleno de Ejea de los Caballeros. “La Corporación municipal, tras debatir adopta acuerdos que se consideran beneficiosos para la ciudadanía de nuestro pueblo por la mayoría y que, no en pocos casos, se definen en propuestas concretas pero que, lamentablemente, muchas veces no se llevan a cabo”, apunta Sanz.
“Es necesario dar un impulso para que puedan cumplirse y evitar que queden en papel mojado –subraya-, por este motivo, propondremos la elaboración de un listado de las mociones aprobadas en el pleno en los últimos diez años, para que, bien la junta de portavoces o una comisión, evalúe el cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos adoptados, para así impulsar que se lleven a cabo o que se trasladen a la institución que corresponda”.