Izquierda Unida, una vez demostrado por el Instituto Geográfico Nacional que el almacén de gas del Proyecto Castor es el causante de los seísmos y terremotos que sufren las poblaciones y el mar de su entorno, reclama la inmediata paralización del proyecto Castor y exige responsabilidad patrimonial a la empresa.
El diputado de IU Aragón y responsable de Energía de IU Federal, Adolfo Barrena, y el candidato de La Izquierda Plural, Paco Iturbe, han ofrecido esta tarde en Zaragoza una rueda de prensa en la que han valorado este informe que IU, por mediación de su diputado en el Congreso, Ricardo Sixto, pidió al Gobierno y constata los riesgos que supone el Proyecto Castor.
El informe del citado organismo público, dependiente del Ministerio de Fomento, concluye que hay relación directa entre los más de 400 terremotos que se produjeron el pasado mes de Septiembre en el litoral y en zonas del interior y, por otra parte, el texto elaborado a petición del Gobierno, también confirma que hay una falla, hasta ahora no identificada, que ha sufrido una aceleración del proceso tectónico por la inyección de gas.
“Por ello, ha señalado Adolfo Barrena, reclamamos al Gobierno de Mariano Rajoy que, además de la paralización inmediata de la actividad en la Planta de Escal UGS frente a las costas de Castellón, exija a esta empresa las responsabilidades jurídicas, económicas, ambientales y sociales correspondientes por los daños provocados. De esta forma se enviaría un mensaje claro de que los intereses económicos de ninguna multinacional no están por encima de la seguridad de las personas, ni pueden causarse graves efectos medioambientales como los que ya se han evidenciado en el ecosistema marino sin reparar el daño y sin asumir las responsabilidades jurídicas y patrimoniales a las que hubiera lugar”.
De igual forma, “nuestra formación política demanda a los gobiernos autonómicos de Catalunya, Aragón y País Valencià (comunidades autónomas en las que se han producido seísmos) que actúen de inmediato y adopten las decisiones que tienen en el ámbito de sus competencias para garantizar la seguridad de la población de las zonas afectadas, así como que las actividades técnicas que se realizan se llevan a cabo respetando todas las condiciones de seguridad necesarias”, ha aseverado Barrena.
“El Gobierno debe asumir su responsabilidad y parar definitivamente el Proyecto Castor pero, ha añadido, además debe asumir las ineludibles responsabilidades políticas por haber permitido e impulsado con descaro el ‘Proyecto Castor’. Rajoy, Soria y el Gobierno del PP lo hicieron sin asegurar las garantías, sin medir los riesgos para la ciudadanía y el medio ambiente, y demostrando que su preocupación es situarse al lado de quienes anteponen los beneficios económicos al interés general”.
IU ha advertido que en esta actuación también está implicado el flamante candidato del PP a las europeas. El exministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, debe responder por haber permitido una actividad en la que, como se ha demostrado, no se había cumplido la normativa de evaluación de impacto ambiental ni se habían evaluado los riesgos.
Adolfo Barrena indica que “Izquierda Unida se ha opuesto siempre a proyectos que, en materia energética, se ponen en marcha sin una clara evaluación de los riesgos, los costes sociales y los costes ambientales. Lo sucedido ahora con el Proyecto Castor, viene a darnos la razón”.
“Por todo ello, concluye nuestros grupos institucionales en el Congreso, Senado, Parlamentos Autonómicos y Ayuntamientos, presentarán iniciativas en las que reclaman el cierre definitivo y el desmantelamiento del Proyecto Castor y la exigencia de responsabilidades a ESCAL UGS, empresa responsable”.
Por su parte, Paco Iturbe ha destacado que el informe da la razón completamente a las denuncias que decían que este proyecto no tenía el suficiente estudio medio ambiental, porque no habían incluido el estudio sobre el riesgo sísmico. “Ahora nos dicen que el proyecto debe ser paralizado y revela la importancia que tienen los informes previos, para evitar la impunidad de determinados proyectos empresariales y nos lleva a preguntarse por qué el Gobierno las apoya”. En este sentido, Iturbe a recordado que,realmente, el proyecto lo autorizó el anterior Gobierno, y Zapatero y el empresario responsable del proyecto, Florentino Pérez, firmaron el “contrato” al considerarlo estratégico para la seguridad del abastecimiento del gas. Este contrato incluye una cláusula por la que el Estado se “responsabiliza” del lucro cesante si al final no se hace y “estamos hablando de mil millones de euros”.
“El Gobierno Zapatero, con Sebastian como ministro, le abrió la puerta pero Rajoy, con Cañete como ministro, “le puso la alfombra”, por lo que vemos cómo el bipartidismo es, una vez más, responsable del desaguisado”, ha concluido.