Este jueves presentaremos en el Pleno de las Cortes de Aragón una iniciativa para la mejora de la calidad de las prestaciones y de la atención de las personas amputadas.
Se trata de una proposición no de ley con siete puntos que defenderá nuestro portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ante la “discriminación” que sufren las personas amputadas en nuestra comunidad si su situación se debe a un accidente que tenga cobertura de un seguro, como puede ser un accidente laboral, o si se debe un percance doméstico o por enfermedad común. Las primeras cuentan con una rehabilitación integral, acceso a las prótesis que requieran y una indemnización que les permite adecuar y ajustar su entorno a sus necesidades. Las segundas que dependen de la sanidad pública necesitan que este sistema mejore en diferentes aspectos para responder a sus necesidades y es en este sentido en el que va dirigida la iniciativa.
Sanz explica que las personas que son atendidas en el servicio público de salud reciben una atención de calidad durante la fase aguda y la preparación de la prótesis pero empiezan a encontrar dificultades en la rehabilitación hospitalaria y, sobre todo, en la rehabilitación con la prótesis. En su opinión, si existiera un equipo multidisciplinar se potenciaría la rehabilitación y seguimiento de la persona amputada mejorando su calidad de vida.
Por otro lado, la parte del catálogo relativa a las prótesis de extremidades no ha sido actualizada aún a nivel nacional. Esperamos que dicha actualización llegue pronto y, además, incluya precios y materiales de última tecnología como son las prótesis con microprocesadores, pies acumuladores de energía y materiales ligeros tipo fibra de carbono y titanio.
En cuanto a la pago de las prótesis, compartimos la vocación de la modificación de la orden de 31 de octubre de 2013, del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia para posibilitar el abono directo, ya que en este momento el pago se adelanta por parte de las personas y se retrasa mucho su devolución por la Administración.
Otro de los problemas a los que se enfrentan estas personas es que los plazos para el cambio de la prótesis no se ajustan a la realidad y la inexistencia de un certificado que garanticen que el ajuste la prótesis se ha hecho correctamente.
Retrasos en las evaluaciones
Todos los grandes amputados tienen al menos un reconocimiento del 33% y no es hasta que se avanza en el proceso rehabilitador cuando se puede definir el grado definitivo, que podría mejorar si hay condiciones cubiertas. En noviembre de 2019 en Aragón estaban pendientes de la valoración del grado de discapacidad 7.302 personas. En enero de 2020 estaban atendiendo las solicitudes de agosto de 2018. A pesar de que el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, sobre el Reconocimiento del grado de discapacidad recoge que el organismo competente emitirá el certificado en el plazo máximo de 15 días naturales siguientes al de la presentación de la solicitud, la realidad es otra.
“Las personas amputadas deben esperar mucho tiempo para el acceso a bonificaciones que necesitan en un inicio como las adaptaciones del hogar o de los vehículos. Además hay otras situaciones como la prolongación del permiso maternal cuando el bebe nace con discapacidad que no requiere del certificado de grado de discapacidad para que se dé”, explica Sanz.
Para atender todos estos problemas que desde la Asociación de Personas con Amputaciones y/o Agenesias de Aragón (ADAMPI-Aragón) han puesto en conocimiento de Izquierda Unida, Álvaro Sanz defenderá una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno de Aragón a la creación de una Unidad de ortoprótesis de referencia, especializada para la rehabilitación y seguimiento de las personas amputadas, a garantizar por parte del Sistema Público de Salud la supervisión de los encajes y la certificación del ajuste para que se autorice el pago y se dé por finalizada la prótesis. Además propone que se estudie la implantación de un estudio propio en la Universidad pública de Zaragoza sobre ortoprótesis que responda a las necesidades de actualización de personal rehabilitador y de las ortopedias.
En cuanto al catálogo, demandamos que se incorpore el concepto de mejora por el cual se debe permitir al paciente acceder a otro producto mejor del prescrito, pagando la diferencia y no la totalidad del producto, a eliminar los plazos de renovación de productos y a que los cambios se produzcan a demanda con justificación médica.
Por último, también reclamamos al Ejecutivo que mantenga en la Orden que regulan las ayudas económicas sobre la prestación ortoprotésica, el derecho a elegir ortopedia dentro del territorio nacional y a habilitar un reconocimiento provisional del 33% de grado de discapacidad para los grandes amputados a partir de un informe médico tras la amputación.