El grupo parlamentario de IU Aragón ha solicitado, por trámite de urgencia, toda la información disponible sobre el estado actual de las obras de la futura Ciudad de la Justicia, sobre los planes de futuro de ese equipamiento, una vez acabadas las obras, y ha reclamado el contrato de arrendamiento firmado por el Gobierno de Aragón para su utilización como sede de las oficinas judiciales.
El portavoz parlamentario de IU Aragón, Adolfo Barrena, ha registrado esta solicitud hoy mismo al conocerse la intención del Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi de vender los equipamientos una vez concluidas las obras a finales del año 2013.
“Si esto se confirmara es un auténtico despropósito, señala Barrena, porque vulnera otro de los compromisos de gestión eficaz de Rudi y su Gobierno ya que prometieron, para una gestión más austera y eficiente, reducir alquileres externos y llevar equipamientos e instalaciones a edificios propiedad del Gobierno de Aragón lo que a Izquierda Unida le parece razonable.”
“Sin embargo, continua Barrena, de lo que pedimos explicaciones urgentes es de esa pretendida venta de la Ciudad de la Justicia para, después, alquilar al propietario unas instalaciones ejecutadas con dinero público”. “Sería inadmisible y por ello reclamamos la información y los datos”, añade.
IU Aragón considera tan urgente la información precisa que, además de solicitar los documentos citados, ha presentado una pregunta directa al Consejero de Presidencia para que responda directamente de esta posible venta de la Ciudad de la Justicia.
“Evidentemente, concluye Barrena, si se confirmara esta intención Izquierda Unida se posicionará en contra y denunciará el incumplimiento de otro compromiso de Rudi que, en este caso, significaría una utilización inaceptable de dinero público para beneficio de quien comprara el equipamiento”. “La Ciudad de la Justicia, recuerda el portavoz de IU, tal y como vimos recientemente en Las Cortes, ha sido financiada totalmente por el erario público aragonés, supone una inversión de 140 millones de € a los que hay que añadir el coste que supuso el equipamiento de la Expo y pretender venderla por 52,6 millones, según ha trascendido, es un atraco al interés general de la ciudadanía y es facilitar un especulativo negocio a quien adquiriera el equipamiento.”