Izquierda Unida de Aragón llevará este martes a las Cortes el rechazo al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra la Ley que regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica (fraking) como técnica de investigación y extracción de gas no convencional.

Cantabria promulgó esta Ley en abril de 2013 y fue motivada por el informe que, en junio de 2011, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad del Parlamento Europeo publicó y en el que cuestionaba el uso de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas. “Este informe motivó que varios Estados de la Unión Europea aprobaran una moratoria o prohibición”, advierte el portavoz de Industria de IU en lasCortes, Luis Ángel Romero para destacar que “en España, además de Cantabria, La Rioja ya legisló también la prohibición del fracking, y otras están en tramitación de Proposición de Ley con la misma finalidad”.

Sin embargo, en el Boletín Oficial del Estado nº 40, de 15 de febrero, se publicó la  Providencia de 11 de febrero del Tribunal Constitucional por la que el Pleno dicho Tribunal acuerda admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 498/2014, promovido por el presidente del Gobierno contra la citada Ley cántabra contra la fractura hidráulica. Para IU, este recurso es “una herramienta” con la que el Gobierno central quiere evitar que las Comunidades Autónomas legislen sobre el fracking y puedan establecer límites o prohibiciones respecto al uso del fracking.

Para Romero, lo que pretende Rajoy con este recurso “es asegurar vía libre para poder dar permisos en todo el territorio del Estado, con el consiguiente perjuicio medioambiental”.  “Nos preocupa mucho este recurso porque el Gobierno central no solo debe velar por el cumplimiento de las leyes que se aprueban democráticamente en los parlamentos autonómicos, sino que debe tomar ejemplo cuando se trata de decisiones que se toman desde el consenso y para la protección de su territorio y de sus habitantes”, señala el diputado de IU.

Por ello, Romero, presentará en la Comisión de Industria, que se celebra este martes una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno aragonés a dirigirse al central para solicitarle que retire el recurso de inconstitucionalidad y promueva una legislación que prohíba la utilización de esta técnica extractiva en todo el territorio español, suspendiendo y paralizando los permisos que se han otorgado hasta el momento.

“La fractura hidráulica –concluye el diputado- plantea interrogantes sobre la salud de las personas y sobre las afecciones al medio ambiente, representa una amenaza sobre la seguridad en materia de riesgos geológicos a raíz de los movimientos sísmicos que podrían producirse, tal y como ha puesto en evidencia el Proyecto Castor en Castellón, y supone un modelo de desarrollo que conlleva graves impactos en las actividades que mantienen el medio rural, como la agricultura, ganadería y el turismo”.