Izquierda Unida exige al Gobierno de Aragón que realice las acciones necesarias para garantizar la apertura de las oficinas centrales de CEISS (Caja España y Caja Duero) de las tres capitales de provincia, Zaragoza, Huesca y Teruel, como medida principal para la defensa y protección de las y los trabajadores de la entidad y los clientes aragoneses. Una propuesta que el grupo parlamentario de IU Aragón trasladará en forma de Proposición no de Ley al Pleno de las Cortes, ante el anunciado despido previsto de toda la plantilla y el cierre de la totalidad de las oficinas de CEISS.
“Todavía hay opciones, ayer la Comisión Europea aprobó la autorización de adquisición de esta entidad por parte de Unicaja y con ello se abre un nuevo proceso que seguramente requerirá una nueva negociación colectiva como consecuencia de este acuerdo”, explica el portavoz de Economía y Empleo de IU, Luis Ángel Romero.
El cierre es una de las consecuencias de los planes de recapitalización de las entidades financieras del Grupo 2 del Memorándum de entendimiento que el Estado suscribió con el Eurogrupo y entre las que se encuentra CEISS. “Estas entidades, según las pruebas de resistencia, no podían hacer frente a sus necesidades de capital sin recurrir a la ayuda estatal”, explica informa Romero, para recordar que “en el Grupo 1 de dicho Memorándum se inscribían los bancos que ya eran propiedad del FROB”.
El Plan de reestructuración de CEISS, que como todos los bancos del Grupo 1 y 2 han recibido fondos de recapitalización y transferido activos a la sociedad de gestión de activos (Sareb), está basado en la desconsolidación de sus activos inmobiliarios al Sareb, el cierre de 263 oficinas y la reducción de su plantilla en 1.502 empleados a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con carácter extintivo. A esto hay que añadir que la fusión entre Caja España y Caja Duero en el año 2010 ya tuvo una mala consecuencia: una primera reordenación de los recursos humanos y técnicos que afectó a más de 900 empleados y el cierre de cerca de 200 oficinas, de las cuales 14 en Aragón.
En este sentido, Romero reitera la denuncia de su formación política y social sobre “quién paga la crisis”. “Una vez más –señala- la solución a los problemas vuelve a ser el recorte de personal y el cierre de oficinas, siendo los trabajadores/as, nuevamente, los sacrificados debido a la mala gestión de las direcciones de la entidad”. En su opinión, “se están desarrollando procesos de reestructuración sin analizar los errores cometidos en la gestión por parte de los responsables de las entidades financieras y sin esclarecer los hechos que han provocado llevarlas a estas situaciones extremas”.
En cuanto a las negociaciones entre la Dirección y el Comité de empresa, Izquierda Unida lamenta que, a pesar del acuerdo alcanzado entre la dirección de CEISS y los representantes de los trabajadores por el que se reduce de 1.500 a 1.200 los despidos previstos en el conjunto del Estado, “nuestra Comunidad pierde todo su activo, siendo despedidos todos sus empleados/as y cerrando la totalidad de las oficinas en Aragón”.
Sobre los clientes aragoneses, Romero hace referencia a la ley 9/2012 de reestructuración de entidades financieras, porque varios de los objetivos de dicha ley son proteger los depósitos y los activos reembolsables de los clientes. “En Aragón actualmente se quedarían totalmente desprotegidos, sin oficina de referencia, unos 45.000 clientes debido al cierre de las 15 de oficinas de la zona”, apunta el diputado de IU. “Estos clientes que tienen contratos con la Entidad a muy largo plazo, como hipotecas, préstamos personales, fondos, depósitos a largo plazo, clientes que contrataron en su día participaciones preferentes, y clientes con dificultades en el pago de sus hipotecas que no tendrían oficinas donde acudir a negociar un acuerdo y se verían abocados a un desahucio”, concluye.