Reclamamos al Gobierno de Aragón que agilice los plazos para la regulación autonómica del autoconsumo de energía fotovoltaica con el objetivo de dar las mayores garantías jurídicas para la implantación en comunidades de vecinos de este sistema de producción eléctrica en nuestra Comunidad Autónoma. Una propuesta que planteamos a través de una proposición no de ley tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que abre la puerta al autoconsumo eléctrico compartido en comunidades de propietarios. Una posibilidad hasta ahora prohibida en España, al derogar el artículo donde se prohíbe dentro del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, de Regulación del Autoconsumo Eléctrico.

“Esta restricción ha sido un muro de contención para la implantación de estas instalaciones y ha agudizado el insignificante interés que, hasta ahora, ha despertado la energía fotovoltaica entre las y los propietarios”, explica nuestra portavoz parlamentaria, Patricia Luquin.

El dictamen del TC también expone que no le corresponde al Estado las competencias para inscribir y gestionar el registro de las instalaciones, sino a las comunidades autónomas. Por ello, instamos al Gobierno de Aragón a dirigirse al Central y a los grupos parlamentarios del Congreso, al objeto de que se modifique la normativa estatal que regula y frena el autoconsumo, de tal modo que, entre otras, se reduzcan al máximo los trámites administrativos y se permita la venta de la energía producida y no consumida por los particulares, eliminando los peajes al autoconsumo.

Para Luquin, “es en el sector energético donde, posiblemente, más visible sea la apuesta del Gobierno de Rajoy por la defensa de los intereses de los poderosos y en contra de los intereses populares y estatales”. “Por el contrario, -continúa- en IU defendemos el autoconsumo como un elemento imprescindible de democratización de la energía y clave para el abaratamiento de los costes del sistema energético”.

Consideramos una prioridad, como debiera tener cualquier gobierno responsable, apostar por la independencia energética. La explotación de fuentes de energías renovables, de las que España es muy rica, debería ser una de las grandes prioridades del Gobierno junto con la lucha contra el Cambio Climático, a la que va íntimamente ligada.