Mostramos nuestra preocupación por la correcta atención psicológica a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia machista. La atención de menores de edad de mujeres víctimas de violencia se realiza cuando se hayan visto afectados como hijos/as de una mujer que ha sufrido una situación de violencia física, psíquica y/o agresiones sexuales antes de alcanzar la mayoría de edad, aunque en el momento de recibir la atención ya ostenten dicha mayoría de edad.
El Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de la Mujer y Comarcas aragonesas, han firmado convenios para la prestación del servicio de asesoría psicológica, cuyo objeto es la atención psicológica a mujeres que sufran multidiscriminación y cualquier tipo de violencia, y que incluye, además, la atención de sus hijo/as menores de edad.
Sin embargo, adviertimos que en la normativa no se señala ninguna situación concreta en la que los menores no puedan ser atendidos, ni documentación obligatoria que haya que solicitar para ser derivados, situación que provoca inseguridad jurídica “y de la que el IAM es conocedora”.
En este sentido, nuestra portavoz en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, explica que la realidad de la aplicación de este convenio en lo que se refiere a menores, choca con los criterios deontológicos del Colegio Profesional de Psicología de Aragón y la interpretación de los artículos 20 y 24 del Código del Derecho Foral aragonés de éste colegio, ya que al parecer podría existir problemas legales por atender a los hijos/as menores de mujeres víctimas de violencia de género sin autorización de ambos padres o tutores, siempre que ambos conserven la patria potestad. “Estamos hablando de entornos de violencia machista, por lo que esta interpretación de la ley puede dejar a muchas y muchos menores en desamparo”, advierte Luquin.
Además la diputada advierte que, según esta interpretación del Código Foral Aragonés, otros colegios profesionales que diariamente atiende a menores en esta situación, como lo son por ejemplo los Educadores/as Sociales o los Trabajadores/as Sociales, podrían acogerse a la misma interpretación quedando las y los menores en total desamparo institucional en caso de que uno de los padres, con patria potestad, se niegue a la atención del menor.
En nuestra opinión, es necesario que el Gobierno de Aragón, a través del IAM, resuelva esta inseguridad jurídica y recuerda que en el apartado IV del preámbulo de la Ley de Violencia de Género contra la Mujer de Aragón dice que “las situaciones de violencia sobre la mujer afectan también a los menores que se encuentran dentro de su entorno familiar, víctimas directas o indirectas de esta violencia. En la aplicación de las diferentes medidas que regula esta Ley, se tendrá en cuenta la existencia de hijas o hijos”.
“Cuando hablamos de violencia machista, no hay una única víctima, la mujer, también las niñas y los niños son víctimas de esta violencia y su exposición tiene impacto negativo evidente en su vida, bienestar y desarrollo”, señala Luquin para reiterar que “vivir en una familia donde la madre es maltratada significa la exposición a situaciones de opresión y control y a un modelo de relación basado en el abuso de poder y la desigualdad”.
Esta situación nos ha llevado a pedir al Gobierno de Aragón que explique si existe cobertura legal para que los psicólogos/as y el resto de trabajadores/as sociales de instituciones públicas o privadas que trabajan con menores en situaciones de violencia machista puedan atenderlos sin necesidad de la autorización de los dos padres con patria potestad y de ser así, que informe en qué se basa esta afirmación.
En caso de que el Gobierno considere que no existe esta cobertura legal, Luquin ha solicitado que informe de las medidas a adoptar para salvaguardar los derechos de los menores en entornos de violencia, al objeto de que puedan ser atendidos por las instituciones públicas y pregunta si piensa hacer alguna circular informativa a las instituciones públicas que tienen firmados estos convenios con el IAM respecto de esta situación.
La lucha contra la violencia machista debe incluir garantizar la atención a los y las menores expuestos a ella porque las repercusiones que tiene, no sólo sobre las mujeres sino también sobre sus hijos e hijas, puede provocar problemas físicos, trastornos psicológicos, problemas de conducta y dificultades cognitivas, entre otros, y es, además, especialmente importante para poder detectar precozmente los posibles casos de violencia para poder intervenir”.