El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huesca reitera la necesidad de agilizar el informe jurídico relativo a la aplicación de cláusulas sociales en las contratas municipales ante el importante número de contratos que van a licitarse en 2014 para la realización de las obras de urbanización y peatonalización. “Es fundamental que ese informe jurídico esté listo cuanto antes y podamos determinar en el Ayuntamiento las cláusulas a incorporar en los pliegos de contratación, tanto de todas esas obras como de los servicios externalizados cuyo contrato finalice a lo largo de este año 2014”, explica la portavoz de IU en Huesca, Pilar Novales.
Por este motivo el grupo municipal ha urgido al Gobierno Local a que presente el informe cuanto antes. Cabe recordar que, en el pleno celebrado el pasado septiembre, se aprobó por unanimidad una resolución a propuesta de Izquierda Unida por la que se adoptaba el acuerdo de:
“1º Encargar a los servicios jurídicos municipales un estudio sobre las cláusulas de contenido social, laboral y medioambiental que se pueden incluir en los pliegos de condiciones de contratación de este ayuntamiento, de acuerdo con el ordenamiento legal vigente, con la finalidad de asegurar unas condiciones laborales dignas, una condiciones medioambientales adecuadas así como la inserción laboral de colectivos desfavorecidos.
2º Trasladar dicho informe a la Junta de Gobierno Local a fin de decidir sobre la aplicación de dichas cláusulas, teniendo en cuenta las consecuencias y la repercusión de esa decisión en los procedimientos de contratación o de renovación de contratos de este ayuntamiento”.
Con esa propuesta, Izquierda Unida pretende combatir la precariedad laboral provocada por la privatización de los servicios, “tal y como ha sucedido con las contratas de limpieza viaria o de edificios municipales”, recuerda Novales, quien opina que “la introducción de cláusulas sociales en los pliegos supone incorporar criterios que favorezcan la empleabilidad de determinados colectivos en riesgo de exclusión, criterios ambientales en la realización de los servicios contratados, comercio justo, etc.”.
Izquierda Unida se opone a la privatización de los servicios públicos que traen “empeoramiento” de las condiciones laborales, “pérdida de calidad y control público” en su prestación y ni tan siquiera suponen una reducción de costes, tal y como ha señalado el Tribunal de Cuentas en el reciente Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Huesca, ejercicios de 2008 a 2011, relativo a los servicios de limpieza viaria y de recogida de basuras.
“Cuando menos, lo que debe hacer este Ayuntamiento es asegurar que esos servicios se contratan con las suficientes garantías, en cuanto a los salarios y las condiciones laborales, y que la contratación municipal tenga una orientación lo más social posible dentro de los escasos márgenes que deja la Ley de Contratos del Sector Público”, concluye.