Hoy hemos reclamado al Gobierno de Aragón información sobre el estado de tramitación de la licencia comercial para la gran superficie promovida por Iberebro S.A., para instalaciones de TorreVillage a ubicar en la autovía de Logroño de Zaragoza. Una licencia que tramita la Dirección General de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía, dependiente del Departamento de Economía, Industria y Empleo y cuyo plazo de información pública finalizó el pasado 5 de marzo.
Abogamos por la desestimación de su concesión y, en el caso de que se hubiera autorizado a lo largo del presente mes, exigimos a la titular del ramo, la consejera Marta Gastón, que se inicien los trámites para la revisión de la misma.
Cabe señalar que la ley 4/2015, de Comercio de Aragón, recuerda en su exposición de motivos la notable importancia de la licencia comercial para grandes superficies. En concreto, la norma dice que, “según diversos estudios científicos doctrinales, un establecimiento con una superficie a la citada [2.500 m2] tiene un grado de influencia superior al municipio donde se instala y puede producir alteraciones de todo tipo en el entorno en que se prevé implantar, por lo que es necesario analizar los efectos que ese establecimiento generará en el futuro”.
“Todo ello, por el efecto de atracción sobre la población que puede ver satisfechas sus necesidades adquisitivas en un solo centro, la ley juzga conveniente y necesario velar por el modelo de ciudad compacta, el comercio de proximidad”, apunta el Coordinador General, Álvaro Sanz, para quien, “el modelo de ciudad compacta se juzga más sostenible que el de ciudad diseminada para colectivos que disponen de menor movilidad como la tercera edad”.
Por ello, señala Sanz, solicitamos al Departamento de Economía, Industria y Empleo información sobre el estado de tramitación de dicho expediente y la necesidad de denegar la licencia comercial teniendo en cuenta las razones de interés general que concurren en este caso y que han sido puestas de manifiesto en reiteradas ocasiones por entidades sociales respecto a protección del medio ambiente y entorno urbano.
Unas razones que también están reflejadas en el procedimiento judicial que ha concluido con sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que declaró la nulidad del Plan Especial del Área de Intervención aprobado por el Ayuntamiento de Zaragoza gracias a los votos de PP, Cs y PSOE en el Pleno municipal que abrió el paso a esta operación inmobiliaria.
Un expediente judicial, recuerda Álvaro Sanz, en el que se aportaron informes respecto a la capacidad de las infraestructuras viarias para dar satisfacción a la afluencia de público y tráfico de mercancías y, muy especialmente, sobre las consecuencias que el establecimiento vaya a producir de modo inevitable y en corto plazo. “Consecuencias como el abandono de importantes zonas comerciales de la ciudad o población que no sean susceptibles de otros usos y que conlleve también el desuso de infraestructuras construidas con motivo de su creación, pudiendo generar esta situación problemas sociales y medioambientales”, explica Sanz.
“Una superficie comercial destruye dos empleos de cada uno que crea y este proyecto en Zaragoza destruirá 1.300 puestos de trabajo directos”, concluye Sanz para insistir en que “el Gobierno de Aragón debe velar por la no destrucción de empleo y por el interés general”.