Llevaremos al Pleno de las Cortes de Aragón la falta de personal no docente (fisioterapeutas, enfermeras y auxiliares de enfermería) en centros de Educación Especial, colegios ordinarios de atención preferente a alumnos con discapacidad motora y otros colegios que cuentan con aula de educación especial o para atender a alumnado con enfermedades crónicas o patologías agudas graves. Lo hará a través de una pregunta que nuestro portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, formulará al consejero de Educación, Felipe Faci, para que explique si dotación actual de estos profesionales para resolver las necesidades reconocidas es la adecuada e informe de las medidas que va a poner en marcha el Gobierno de Aragón ante la falta de estos profesionales.
“La situación ha llegado a un extremo en la que las familias de alumnado que sufre alguna discapacidad y están escolarizados en los colegios públicos de Aragón han creado una plataforma para denunciar la falta de fisioterapeutas y enfermeras en los centros educativos y exigir soluciones integrales y definitivas”, señala Sanz para anunciar nuestro apoyo a la concentración organizada por este colectivo el próximo lunes, 4 de noviembre, a las 18.00 h, en la plaza de España de Zaragoza.
Además, la semana pasada registramos una pregunta para su respuesta escrita al consejero de Educación relativa a la contratación de personal no docente en centros de Educación Especial y otros porque, igual que ocurriera el curso pasado, nuevamente se ha vuelto a producir la falta de este tipo de profesionales en el inicio del mismo.
Para Sanz, la situación es “inaceptable”, especialmente teniendo en cuenta el tipo de alumnado al que van destinados, donde la necesidad de estos profesionales es imprescindible desde el primer momento del curso.
Cabe destacar que desde el departamento de Educación se aseguró que la incorporación de estos profesionales se realizaría después de las fiestas del Pilar, “pero a fecha de hoy sigue habiendo centros educativos que no cuentan con el personal necesario”, lamenta Sanz para explicar que han sido las familias y los centros afectados los que con sus quejas han conseguido que este departamento vaya a desarrollar un contrato-programa de 2 años. “Un contrato-programa que esperamos que se cumpla y que cubra todas las plazas solicitadas y concedidas”, concluye.