La crisis está sirviendo como coartada para establecer todo tipo de recortes en los derechos de los ciudadanos. Y encima nos plantean sin ningún rubor “que lo hacen por nuestro bien”, o “por nuestro futuro”. De ese modo nos quitan los derechos laborales y sociales que tanto tiempo han costado conseguir, e intentan también culpabilizarnos de la crisis, “porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”.
Lo último es una nueva vuelta de tuerca a las pensiones públicas. Unas pensiones públicas que en una gran parte son totalmente insuficientes, y que se van a ver recortadas en el mismo porcentaje que el resto.
Ya Zapatero, haciendo caso a la troika, y con apoyo sindical, nos retrasó la edad de jubilación. Posteriormente congeló las pensiones incumpliendo unilateralmente la ley que hasta entonces estaba vigente. El pasado mes de marzo, Rajoy promulgó el decreto ley 5/ 2013. Cuando se publicó este decreto decíamos en el pleno de abril del ayuntamiento de Teruel:
“El primer desatino del decreto del gobierno español, es hacer compatible el trabajo con la jubilación. Apoyándose en el Libro Blanco de la UE, introduce esta medida que, si bien es discutible para los países que tienen poco paro, para el caso español es un tremendo disparate. Una sociedad con 6 millones de parados, que necesita emplear sobre todo a las personas en edad activa, introduce más competencia para el escaso empleo existente. Increíble. Porque el problema real en España es que no hay empleo. Introducir más competencia ¿Para qué? ¿Para incrementar la ansiedad de los parados? Nadie lo entiende.
La jubilación se retrasa aún más, y los requisitos para acceder a la jubilación anticipada se endurecen, necesitando más años de cotización para acceder a ella, rebajando la pensión con el artilugio de contar los trimestres en lugar de los años y en distintos casos, penalizar la anticipación más que antes.”
En esta situación de tremendo paro, el gobierno vuelve a empeorar dos cosas: Por un lado rebaja la revisión anual de las pensiones, ya desde 2014, introduciendo un índice de revalorización menor que la unidad, y por otro empeora las condiciones de acceso a la jubilación, introduciendo el factor de sostenibilidad, que dependerá de la actualidad económica, del empleo y de la participación laboral, en este caso se aplicará desde 2019.
Dice el gobierno que en ocho años si la inflación es el 1 %, se va a ahorrar entre 2014 y 2022, 33.000 millones de euros. Pero si la inflación es el 2 %, el ahorro será, en el mismo periodo, de 70.000 millones de euros. Ese ahorro lo pagamos los pensionistas con la disminución real de nuestras pensiones. En el caso de inflación del 2 %, una inflación normal, si calculamos que hay 9 millones de pensionistas, y el periodo es de 9 años, el ahorro medio por pensionista y año será de 864 euros, es decir, 72 euros al mes. Y la pensión media en España en 2013 es de 850,20 euros al mes. Van a quitar de promedio una mensualidad al año, que será poco en este primer año, pero habremos perdido casi dos mensualidades en 2022 con respecto a 2013.
El gobierno tiene que dejar de pensar que los ciudadanos somos idiotas. Si suben la pensión el 0,25 % y la inflación sube el 2 %, estamos perdiendo poder adquisitivo. Y si ese poder adquisitivo lo seguimos perdiendo durante 9 años, las pérdidas se acumulan. Dejen de intentar engañarnos.
Con todo eso, el peor problema es la institucionalización por ley de la pérdida de poder adquisitivo todos los años. Es cierto que Zapatero congeló las pensiones un año. Pero esto es condenarnos por ley a perder todos los años poder adquisitivo. Y tal y como pasó con Zapatero, la existencia de una ley no impedirá a este o a otro gobierno volver a congelar o rebajar las pensiones si la troika lo ordena.
La propuesta del gobierno no tiene en cuenta, en fin, la posibilidad de incrementar los recursos del sistema de Seguridad ni por vía de cotizaciones ni por vía de presupuestos generales del estado, algo que no se debería excluir a priori.
Las nuevas reformas van a incidir muy negativamente en la economía turolense, al contar con un porcentaje mayor de jubilados que la mayoría de las provincias españolas.
Es por ello que el portavoz de IU en el ayuntamiento de Teruel, José María Martínez, propondrá al Pleno el siguiente acuerdo:
El Ayuntamiento de Teruel considera inaceptable el nuevo recorte de las pensiones, porque hace recaer los ajustes sobre la parte más débil de la sociedad, porque incidirá en una pérdida de poder adquisitivo global, y por tanto contribuirá a impedir la necesaria recuperación económica y la creación de empleo.
El Ayuntamiento de Teruel enviará esta resolución al Gobierno de España.