El grupo parlamentario de IU Aragón ha solicitado información al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia relativa al cierre de la Comunidad Terapéutica de “El Frago”. Un cierre, tal y como han denunciado CCOO y UGT, previsto por el Gobierno para antes del otoño. Cabe señalar que dentro de las múltiples medidas del “Informe para reformar la Administración” que presentó el Gobierno el pasado junio, el Gobierno contempla la supresión de los Centros de Rehabilitación de Toxicómanos de las Comunidades Autónomas.
Para la portavoz de Bienestar Social de IU en las Cortes, Patricia Luquin, la supresión supone “perder el único recurso propio” de estas características en Aragón y una “notable pérdida de la calidad del servicio”, ya que todos los servicios que ofrece la comunidad terapéutica del Gobierno de Aragón son dispensados por profesionales. En la actualidad cabe señalar que hay 20 usuarios en el centro de “El Frago” y tiene en plantilla a 12 educadores con una gran experiencia en materia de rehabilitación de toxicómanos, un director y un oficial de mantenimiento.
Por ello, Luquin ha pedido a Oliván que explique cuáles son las razones o los criterios para prescindir de la Comunidad Terapéutica de “El Frago” y qué tipo de actuaciones y alternativas tiene previstas para garantizar, con recursos propios y la misma calidad del servicio, la atención de las personas que hasta la fecha eran atendidas en el centro. Sobre este asunto, la diputada de IU señala que “el Gobierno pretende ‘transferir’ a las ONGs la prestación de este servicio”, y advierte que con esta medida “se perderá calidad en el servicio, ya que ahora está prestado por profesionales y las organizaciones no gubernamentales apoyan su labor en el voluntariado”.
En cuanto a los trabajadores/as del centro, doce educadores, un director y un oficial de mantenimiento, Luquin denuncia un nuevo recorte en los recursos humanos del servicio público que provocará una grave pérdida en la eficacia, eficiencia y calidad de la prestación. Por ello, demanda al consejero que informe detalladamente de las medidas que tiene previsto adoptar para garantizar estos puestos de trabajo.
En su opinión, el cierre de este centro está dentro de la estrategia del Partido Popular, en general, y del consejero Oliván, en particular de “desmantelar los servicios sociales públicos para privatizarlos o, directamente, eliminarlos” y responde a la “política antisocial” que aplica el Departamento de Bienestar Social que está deteriorando gravemente las prestaciones que su Departamento debe garantizar a la ciudadanía desde ‘lo público’”. Por ello, IU reitera que es “responsabilidad del consejero asegurar que la Administración pone a disposición de la ciudadanía los recursos públicos necesarios para cubrir sus demandas y más en una situación económica y social como la actual”.