Esta mañana hemos registrado seis propuestas de resolución al Debate sobre el estado de la Comunidad, que el próximo jueves concluye con la votación de las mismas.

Las propuestas presentadas abarcan diferentes materias como el empleo, en una doble vertiente: acabar con la precariedad y con la brecha salarial; los Servicios Sociales en cuanto a Dependencia, con una propuesta para mejorar el Sistema de Atención a la Dependencia en Aragón con un aumento de las prestaciones y de plazas; también registramos una propuesta en materia de Vivienda para que Aragón alcance una inversión en políticas activas de vivienda del 1% del PIB y posea un parque público de vivienda social que suponga un 11% del total de la Comunidad Autónoma.

Las otras tres propuestas de resolución hacen referencia a las Cuencas Mineras, al objeto de impedir el cierre de la Central Térmica de Andorra en 2020 y lograr las inversiones necesarias para garantizar el futuro de este territorio y su población; al cumplimiento íntegro de la conocida como Ley de Muerte Digna y al respeto del principio constitucional de aconfesionalidad y a la defensa de una escuela pública y laica.

 

Desarrollo de las propuestas:

En materia de empleo, reclamamos al Ejecutivo que se garantice con carácter de urgencia que en las empresas públicas, en los servicios públicos con gestión externa y en aquellas empresas privadas que reciben subvenciones públicas se termine con la precariedad en el mercado laboral aragonés. Medidas que contemplen desde la incorporación de cláusulas sociales hasta medidas sancionadoras en aquellas empresas y servicios que  contribuyan con su política de empleo a la parcialidad, temporalidad y la exigencia de flexibilidad a los y las trabajadores.

También proponemos que se elimine cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo en las empresas cuyo domicilio social se encuentre en Aragón, en cumplimiento del principio de igualdad retributiva por trabajo de igual valor, así como para incrementar el conocimiento de la brecha salarial de género, favorecer la igualdad salarial entre hombres y mujeres para el mismo puesto y categoría profesional, tal como recoge la Ley de Igualdad de Oportunidades del Gobierno de Aragón, en su Capítulo II, art.37, letra c).

Del mismo modo, demandamos que se planteen medidas de supervisión y evaluación constante de la mala praxis de las empresas que, de manera velada, aplican medidas que perpetúan “el techo de cristal”, esto es la limitación del ascenso laboral de las mujeres al interior de las organizaciones lo que limita sus carreras profesionales.

En materia de Sanidad, proponemos adoptar, de manera inmediata, las medidas necesarias para cumplir y hacer cumplir íntegramente la Ley 10/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte. Y así hacer efectivos los principios básicos de libertad, autonomía y dignidad de la persona al final de su vida, adoptando para ello cuántas disposiciones sean necesarias.

También reclamamos al Ejecutivo aragonés dirigirse al Gobierno del España para instarle a reformar el artículo 143 del Código Penal, despenalizando la práctica de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido.

En materia de Servicios Sociales, aunque los datos ofrecidos en el Dictamen del Observatorio de la Dependencia en Aragón visibilizan el esfuerzo del Gobierno de Aragón en disminuir la lista de espera y el aumento de personas que reciben alguna atención por dependencia, el Sistema de Atención a la Dependencia en Aragón tiene todavía un mal funcionamiento en muchas cuestiones que recae diariamente en las personas dependientes de nuestra Comunidad Autónoma. Por todo ello, proponemos incrementar los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio, incrementando el número de horas de atención por Grado; incrementar el número de plazas públicas o concertadas en Dependencia en detrimento de la llamada “Prestación económica vinculada al servicio” que encubre una privatización y mercantilización del servicio público y que no cubre ni una mínima parte del coste real del servicio cuando se tiene que optar por las residencias privadas.

Por último, instamos a revisar y reformar el “Prestación económica por cuidados en el entorno familiar”, que ya no cubre la Seguridad Social y que cada vez es más precaria. Una prestación que, además, sigue recayendo en las mujeres el cuidado y asistencia de las personas dependientes sin reconocimiento de ningún tipo.

En materia de Educación, reclamamos que se garantice el pleno respeto al principio constitucional de aconfesionalidad en todos los actos públicos y dependencias del Gobierno de Aragón, e insta al Ejecutivo a defender una escuela pública y laica en la que la religión este fuera de las aulas, introduciendo así el laicismo en el ámbito educativo como requisito indispensable de una escuela democrática, respetuosa con la libertad de conciencia y con la igualdad de trato para con su alumnado, sin adoctrinamiento ni discriminación alguna en función de convicciones particulares, sean o no de tipo religioso.

En materia de vivienda, hemos registrado una propuesta de resolución al objeto de alcanzar, a medio plazo, una inversión en políticas activas de vivienda del 1% del P.I.B de la Comunidad Autónoma, abordando cuantas gestiones y acuerdos sean necesarios con el Gobierno del Estado español para aumentar las transferencias estatales en la cantidad que sea necesaria. Y a adoptar las medidas oportunas para poseer un parque público de vivienda social en Aragón que suponga un 11% del total de la Comunidad Autónoma.

Por último, presentamos una propuesta relativa a las Cuencas Mineras. En ella insta al Gobierno a:

  1. Rechazar la decisión del Gobierno del Estado de avalar el cierre de la Central Térmica de Andorra en 2020.
  2. Exigir a ENEL-ENDESA que realice las inversiones necesarias para adaptar la Central Térmica a las exigencias medioambientales de la Unión Europea y alargue su período de vida para dar tiempo suficiente a realizar una transición justa que evite la despoblación en los municipios afectados en cumplimiento de los compromisos contraídos históricamente con los trabajadores y trabajadoras de Andorra y las comarcas mineras.
  3. Exigir al Gobierno del Estado crear urgentemente, junto con el Gobierno de Aragón, un Plan de Desarrollo Económico en Andorra y las Comarcas Mineras que sea capaz de atraer nuevos proyectos empresariales, genere empleo y diversifique la economía de los pueblos mineros, y con la participación de los ayuntamientos afectados y los agentes sociales y económicos.
  4. Requerir al Gobierno del Estado que actúe con la máxima urgencia para recuperar el control público del sector energético en España por su relevancia social, económica y estratégica; y como medida de aprovechamiento racional de los recursos energéticos del país y redistribución de la riqueza.