“Dadas las dificultades de endeudamiento que tienen actualmente las entidades locales, celebramos la decisión de financiar a través del ICO el pago a proveedores, siempre que no se coarte la autonomía municipal”. El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Zaragoza, José Manuel Alonso, ha valorado así el Real decreto que establece un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, sobre el cual plantea que “las operaciones de endeudamiento que facilite el Instituto de Crédito Oficial se concedan con el Euribor o tipo de interés interbancario como referencia”.
“En un préstamo entre instituciones públicas no sería lógico cobrar un interés mayor que el que utilizan los bancos en sus operaciones internas”, subraya Alonso, quien también sugiere “abrir la posibilidad de un plazo mínimo de devolución de diez años”.
“El tipo de interés interbancario, que actualmente se sitúa en 1’6% anual, sería un máximo entendible –apunta edil de Izquierda -, ya que se trata de una colaboración entre instituciones y que el Estado, que es quien financia los fondos del ICO, debería aportar más a la financiación municipal para garantizar el objetivo de suficiencia financiera recogido en la Constitución”. En este sentido, Alonso valora que “el objetivo del Instituto de Crédito Oficial, último bastión de la banca pública española, debe ser el fortalecimiento de las cuentas públicas y no hacer negocio con los préstamos”.
Por otra parte, José Manuel Alonso, miembro de la Federación Española de Municipios y Provincias, considera que, por el momento, el real decreto aprobado el viernes pasado “genera incertidumbre al desconocer los plazos marcados para el pago a proveedores y el tipo de interés al que se prestarían los créditos, una información de la que se debería haber informado ya a la FEMP o que se debería haber publicado en la web del ICO y no se ha hecho todavía”.
Otra de las críticas a la nueva norma es “el sistema rígido de pagos en base al criterio de antigüedad, puesto que coarta la autonomía municipal impidiendo favorecer a las entidades sociales”. “Éstas no cuentan con un capital social que les permita soportar esa deuda –continúa-, el dinero que reciben es finalista para programas, del cual no obtienen beneficio y no pueden destinarlo para obtener financiación, viéndose obligados a dedicar sus inexistentes recursos propios para hacer frente a los pagos, en definitiva, para financiar al Ayuntamiento”.
El portavoz de IU finaliza proponiendo “priorizar el pago a pequeñas y medianas entidades sin ánimo de lucro y que estén desarrollando políticas sociales por cuenta o en colaboración con los ayuntamientos”.