Este miércoles propondremos en el Pleno de las Cortes una reforma de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que modifique la regulación de la “regla de gasto” con el objetivo de que las Corporaciones Locales puedan invertir sus remanentes acumulados para garantizar la prestación de los servicios públicos de su competencia ante la situación provocada por la grave pandemia de la Covid-19.
Para ello, presentaremos una proposición no de ley en la que instamos al Gobierno de Aragón a que se dirija al Central para proceder a la reforma de una ley que “obstaculiza la recuperación del gasto público necesario para garantizar una cobertura suficiente de los servicios públicos de carácter social e impide la acción contracíclica de las administraciones en la economía para asegurar la mejora de las condiciones de vida de la población”, explica nuestro portavoz parlamentario, Álvaro Sanz.
A pesar de los grandes esfuerzos de las autoridades sanitarias, del Gobierno y de la ciudadanía con los que se está consiguiendo frenar la evolución de la enfermedad, el daño es “gravísimo” y el impacto sobre la economía mundial se prevé, según el FMI, “fuertemente negativo”. Ante este escenario, la Comisión Europea suspendió el pasado 20 de marzo la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, abrió la puerta a que los Gobiernos puedan elevar su gasto público para combatir la propagación del coronavirus y mitigar sus consecuencias económicas. “En la práctica, -señala el diputado- supone que los Estados ya no tendrán la obligación de cumplir con los esfuerzos fiscales que se les exigían antes de la pandemia, por lo que pueden incrementar el gasto público para atajarla”.
También el Eurogrupo indicó que las autoridades nacionales deberán implementar las medidas necesarias para abordar las consecuencias económicas de la Covid-19 y se acordó tomar cualquier acción política coordinada y decisiva necesaria, incluidas medidas fiscales, para apoyar el crecimiento y el empleo. Sin embargo, advertimos que esas decisiones no han tenido aún efecto en España y no han sido aún trasladadas a la realidad de nuestro país.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera sigue en vigor y, de igual forma que ha bloqueado el gasto público desde 2012 hasta 2019, “sigue restringiendo la capacidad de gasto de las Administraciones públicas en la nueva situación de emergencia”, reitera Sanz.
En concreto, la aplicación de la “regla de gasto” provoca que las Corporaciones Locales se encuentren obligadas a mantener importantes superávits sin poder dedicarlos a hacer frente, en el marco de sus competencias, a las altas tasas de exclusión social que presenta nuestro país. “Y ahora, -continúa- el golpe económico derivado de la crisis de la Covid19 impactará sobre las personas que sufren más precariedad sin que las administraciones locales tengan capacidad de intervenir por el efecto perverso de unas reglas fiscales aún en vigor en España”.
En su opinión, esta ley ha supuesto una “profundización antisocial en la jerarquía de prioridades debido a la flagrante limitación de la autonomía y de la suficiencia fiscal de las Entidades Locales necesaria para llevar a cabo un desarrollo pleno de sus competencias”. Así, Sanz denuncia que la “regla de gasto” restringe injustificadamente la capacidad de las entidades locales con acuciantes necesidades sociales, debido a unos servicios públicos debilitados después de años de fuertes restricciones presupuestarias”. “Esa regla -añade- impide utilizar el remanente de tesorería para financiar las políticas económicas y sociales con las que garantizar unos mínimos niveles de bienestar”.
Los niveles de gasto y deuda de las Entidades Locales son sustancialmente inferiores a los de las Comunidades Autónomas y el Estado, llegando al extremo en el momento actual de que, según el Banco de España, los saldos en depósitos bancarios que mantienen son claramente superiores a la deuda. “Si este fenómeno, que se ha convertido en estructural, era injusto antes del estallido del Covid19, hoy se convierte en algo de urgencia extrema”, reitera.
Por todo ello, propondremos la reforma de esta ley a través de una iniciativa parlamentaria en la que, además, demandamos al cuatripartito que inste al Ejecutivo central a suspender las normas coercitivas que se aplican ante el incumplimiento de las reglas fiscales para que puedan abordar las políticas de protección ante las consecuencias de la pandemia hasta que la modificación sea aprobada y a permitir superar los límites de la masa salarial para la contratación de personal con carácter temporal y extraordinario en servicios esenciales gestionados directamente por las Entidades Locales.