El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado esta mañana en rueda de prensa una moción que pretende dilucidar si la empresa gestora de la contrata del autobús urbano y su grupo han cometido fraude de ley al no acatar la subrogación de la plantilla y al no comunicar al Consistorio tanto la venta de las acciones de AVANZA a ADO como la variación de las condiciones de solvencia económica, financiera, técnica y profesional.
El portavoz de IU, José Manuel Alonso, ha expresado su contrariedad tras las declaraciones en radio del gerente de la empresa, y ha renovado el compromiso de Izquierda Unida en la beligerancia a favor de la readmisión de las y los trabajadores despedidos. “Cuando una empresa ofrece un billete más barato y renuncia a tres puntos de beneficio industrial y luego despide a 153 trabajadores, mujeres embarazadas incluidas, en horas 24, va a tener siempre a IU en contra, y a todos sus militantes con una libreta en el bolsillo para hacer un control de frecuencias y anotar cualquier tipo de carencia en el servicio”, ha alertado.
“Esa deslealtad de la empresa, efectuando la venta, no respetando la condición de subrogación expresada en el pliego y no comunicando los cambios al Ayuntamiento es lo que nos lleva a preguntar al órgano competente, la Junta Consultiva de Contratos Administrativos de Aragón, ha explicado Alonso.
Por su parte, el concejal Pablo Muñoz ha insistido en que “se trata de un fraude de ley porque cumple la letra pequeña pero no el espíritu de la norma”. El incumplimiento de las condiciones de concesión, en concreto la cláusula 10 en la que se indica la capacidad y solvencia de la empresa o grupo, según la Ley de Contratación del Sector Público, podría llegar a incapacitar a la empresa para contratar con la Administración, según ha ampliado Muñoz.
Por otra parte, el edil ha señalado que “si se demuestra que había tratos previos, esto tendría unos efectos jurídicos importantes, porque si no se ha comunicado correctamente el cambio del accionariado se confirmará que hay unos vicios más que razonables para acabar confirmando nuestra tesis: que hay un fraude de ley”.
De este modo, IU invita al resto de grupos políticos en el Ayuntamiento a mandatar como Pleno al Alcalde para que reclame un informe jurídico a la DGA para aclarar las dudas. En caso de que el informe demostrara la tesis de Izquierda Unida, los concejales han advertido que iniciarán acciones legales “ya sea como Ayuntamiento o como Izquierda Unida de Aragón”. Cabe recordar que IU ya ganó un pleito relativo a la anterior contrata de bus en los tribunales.
Proponemos que la DGA aclare si ha habido fraude de ley en la venta de la empresa gestora del bus
