Izquierda Unida insta al Gobierno de Aragón a dirigirse al Central para que, conjuntamente y de forma coordinada, tomen todas las medidas que estén a su alcance para luchar contra la economía sumergida y el fraude laboral, aumentando el número de controles a efectuar y expedientes a verificar en la Comunidad de Aragón. Una propuesta que trasladará a la Comisión de Economía y Empleo en forma de Proposición no de Ley y que ha presentado tras conocer los datos ofrecidos por la Inspección de Trabajo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que afloran 2.036 empleos irregulares en Aragón el año pasado.

Para Izquierda Unida, uno de los efectos de la situación de crisis económica y financiera en España es la proliferación de la economía sumergida y el fraude laboral. Por ello, consideran que desde el Gobierno de Aragón se deben tomar todas las medidas para luchar contra el fraude laboral de forma coordinada con el Gobierno del Estado, competente en esta materia.

Cabe destacar que el INSS realizó en 2012 más de 23.000 controles y fruto de la actividad desarrollada el Estado recaudó 20,7 millones de euros para las arcas públicas.

Para el portavoz de Economía de IU en las Cortes, Luis Ángel Romero, en la actualidad, “las acciones de concienciación y prevención, la coordinación entre administraciones y la participación de los interlocutores sociales son insuficientes” y critica que el Gobierno centre únicamente la lucha contra el fraude laboral en las sanciones que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), deberían ser “el último recurso, proporcionadas y disuasorias””.

En su opinión se trata de un problema complejo que requiere una respuesta multidimensional y es necesario realizar un diagnóstico en profundidad sobre las causas de la economía sumergida en Aragón y, a partir del cual, generar un plan “integral, multidimensional, equilibrado, coordinado, participado, estructurado temporalmente y apoyado en una dotación suficiente de recursos”.

Por eso, Izquierda Unida reclama una regulación detallada que siga las recomendaciones de la OIT al incorporar medidas para disuadir de la realización de trabajo no declarado con concienciación, prevención y sanciones, además de reforzar los sistemas de inspección y abordar la participación de los agentes sociales y las autoridades judiciales por su relevante papel en la erradicación de la economía sumergida.