El grupo parlamentario IU Aragón presenta mañana en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de las Cortes una Proposición no de Ley en la que exige la creación de un banco de tierras público. El principal objetivo de la iniciativa es que con este banco se incorporen las superficies agrarias disponibles por las Administraciones Públicas y aporte a nuestros desempleados o pequeños agricultores en activo la posibilidad de incorporarse o consolidar su presencia en el sector.
Para ello, Izquierda Unida reclama al Gobierno de Aragón que apruebe la normativa que permita el desarrollo del banco de tierras público y que lo haga en colaboración con el sector agropecuario. La iniciativa demanda también que se dote de una partida económica en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para que el Ejecutivo autonómico pueda adquirir, en los próximos años, parcelas de grandes propietarios y de pequeños activos que abandonen la actividad porque no tienen relevo, al objeto de poderlas incorporar a ese banco de tierras público.
Hoy, mucha gente, especialmente joven, vuelve a aportar por el sector agropecuario “porque, a pesar de la situación difícil del mismo, este no se deslocaliza y está aguantando la situación de crisis internacional mejor que otros sectores”, explica el portavoz de Agricultura de IU Aragón, Miguel Aso. En su opinión, “si a este sector se le dotara de estructuras de reparto de tierras, junto al desarrollo del sector agroindustrial, permitiría a familias y jóvenes salir del paro y encarar el futuro con mayor optimismo”.
Sin embargo, Aso advierte de las dificultades que tienen los nuevos activos agrarios para incorporarse al sector por la actual estructura de la propiedad de la tierra. “Por ello hemos presentado esta iniciativa”, señala Aso para asegurar que el banco de tierras “podría permitir, también, obtener tierras privadas para que los agricultores en activo pudieran acceder a la tierra de forma que pudieran consolidar sus explotaciones y hacerlas más viables, adjudicando su uso, pero sin derecho a la propiedad, y contribuyendo a mantener y aumentar el número de activos agrarios en Aragón”.
“Esta iniciativa fomenta la creación de planes de empleo y alternativas para la ciudadanía del medio rural aragonés duramente castigado por los recortes en servicios aplicados por los gobiernos central y autonómicos, la pérdida de las ayudas de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible y por la reforma de la PAC”, concluye Aso.