Es necesario incrementar la recaudación tributaria autonómica ante el impacto de la crisis de la COVID -19 que está provocando un fuerte incremento del gasto público, primero para afrontar el gasto sanitario, después para el despliegue de un gran escudo social que protege a las familias trabajadoras y conserva la actividad productiva y, finalmente, para reactivar la economía.

Para ello, nuestro portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, defenderá mañana en el Pleno de las Cortes una proposición no de ley. En su opinión, desde el conjunto de la sociedad, del Estado, “tenemos que hacer un esfuerzo por la vía de los ingresos” para recuperar la actividad económica y para mejorar la capacidad recaudatoria que afronte el nivel de deuda resultante y fortalezca las estructuras públicas ante futuras contracciones de la economía y hacerlo de forma justa, garantizando el principio de progresividad y la contribución, especialmente de quienes más tienen, para lograr un reparto justo de los esfuerzos que van a implicar la recuperación social y económica.

Las Comunidades Autónomas gozan de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias y en el vigente marco de financiación e independientemente del reparto de los fondos, cuentan con la recaudación de tributos cedidos en su totalidad.

Más allá de la reforma de la financiación autonómica y el reparto de los fondos, en estos momentos hay que dar solución a un problema que forma parte de un conjunto más amplio que tiene que ver con la financiación del conjunto del Estado para salir de la crisis actual.

Hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto-Ley para estimular la economía ante la contracción económica con una inyección de 510 millones de euros asignados al cumplimiento de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica. Una partida importante que requerirá de esfuerzos y que ha supuesto la reforma de las cuentas de Aragón de este año. Tal y como ha reconocido el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, el presupuesto para el ejercicio 2020, tal y como fue aprobado, ya no existe porque una buena parte de las partidas se dedicó a gasto Covid y como consecuencia de la caída en los ingresos por tributos y tasas. “La situación sobrevenida nos ha enseñado que no podemos fiar los presupuestos a las rentas del trabajo y del consumo por lo que es imprescindible que cambiemos nuestra política fiscal”, apunta Sanz.

Volviendo a la Estrategia, Sanz recuerda que en su punto 262, se propone “no modificar ningún impuesto de carácter autonómico que pueda poner en riesgo la liquidez de las familias, autónomos ni empresas”. “Por ello que es importante -continúa- que las cargas tributarias no lastren a las familias y a las empresas a las que en estos momentos pudiera poner en riego de vulnerabilidad o de viabilidad, siendo vital que el esfuerzo recaiga sobre quienes tienen posibilidades económicas y quienes esta crisis les ha supuesto incrementos patrimoniales y de renta sustanciales” .

Este planteamiento y la situación actual es en lo que se basa la iniciativa que mañana presentaremos para que el Gobierno de Aragón reclame a España la presentación de una propuesta de armonización de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas impidiendo la competencia fiscal entre territorios.

Además, instamos al cuatripartito a revisar la regulación autonómica sobre los tributos cedidos para incrementar la capacidad recaudatoria con progresividad en los patrimonios y rentas más altas, garantizando un reparto justo de las cargas y a desarrollar la normativa que permita incrementar la recaudación, además de favorecer otras políticas con externalidades positivas como fiscalidad ambiental o el consumo saludable.

Por último, exigimos al Ejecutivo que ponga en funcionamiento en el plazo de un año el servicio autonómico de lucha contra el fraude fiscal.