Izquierda Unida reclamará este jueves al Gobierno de Aragón que presente antes de la finalización del ejercicio 2014 un Proyecto de Ley sobre la seguridad en las pistas de esquí con el que, contando con la colaboración de representantes de usuarios y trabajadores, así como de los gestores de las pistas de esquí, se genere un marco normativo de seguridad en la práctica de los deportes de nieve en Aragón, de forma que se facilite la prestación de un mejor servicio y se otorguen mayores garantías jurídicas a las instalaciones existentes en la Comunidad.
Para ello, el diputado de IU por el Alto Aragón, Miguel Aso, presentará mañana en el Pleno de las Cortes una Proposición no de Ley que su grupo registró ante el vacío normativo en materia de la práctica del esquí que existe en nuestra Comunicad pese al elevado número de esquiadores que asisten a las pistas aragonesas.
“Incluso existe una recomendación del Senado, dirigida a las comunidades autónomas que tienen pistas de esquí en su territorio, para que se regule esta materia”, recuerda Aso para advertir que los distintos sectores relacionados con la nieve “también están pidiendo que se legisle; de hecho, la Comunidad Autónoma de Aragón inició años atrás un trabajo para regular la materia”.
“Esta ausencia de normativa –continúa Aso- hace imposible garantizar derechos y deberes de gestores y usuarios más allá de las normas particulares que cada estación tenga, lo que puede implicar que aumenten las incidencias o accidentes más o menos graves que se producen en las pistas, algunos con resultado de muerte”.
“Igualmente, afecta a la masificación de las pistas, a la falta de criterios empresariales homogéneos a la hora de gestionar su negocio desde un prisma de calidad y seguridad y, en definitiva, afecta a las posibilidades de mejora y fomento de la calidad de un sector tan importe como es el de la nieve”, añade para concluir reiterando la necesidad de trabajar en la línea de “mantener nuestras estaciones de esquí en las mejores condiciones con el compromiso ineludible de proteger también a los usuarios y usuarias y nuestro rico patrimonio natural”.