El grupo municipal ha presentado los votos particulares a la ordenanza de ayudas de urgente necesidad en la línea de considerar cada caso individualizadamente, sin generalizar, sin sancionar, atendiendo a las circunstancias particulares de los usuarios y usuarias de los Centros Municipales de Servicios Sociales
Izquierda Unida ha registrado sus votos particulares a la Ordenanza de Ayudas de Urgente Necesidad que ha propuesto el área de Acción Social. Tras recabar información del grupo de trabajo de Servicios Sociales de IU Aragón, el grupo municipal ha propuesto unas aportaciones dirigidas a quitar el carácter sobrevenido y extraordinario de las Ayudas de Urgente Necesidad (AUN), ampliarlas a nuevos tipos de vivienda, no endurecer los requisitos económicos para acceder a las ayudas, dejar a los profesionales más margen y flexibilidad en sus actuaciones, así como eliminar del catálogo las sanciones, sustituyéndolas por medidas pactadas con los y las trabajadoras sociales.
“Reconocemos y mantenemos que las AUN son ayudas puntuales (la ayuda estructural es el IAI), pero no podemos limitarlo a ayudas de carácter extraordinario y por una urgencia sobrevenida porque en la mayoría de los casos se dan ayudas puntuales a situaciones de pobreza social y no extraordinaria”, señala Muñoz.
“De igual modo –añade-, las necesidades que se cubren no tienen porqué ser coyunturales, pueden ser necesidades ordinarias (agua, luz, alimentación…) aunque desde esta prestación se ayude de manera puntual”.
Asimismo, IU incide en “no limitar las ayudas por no tener una residencia “formal” de unos supuestos concretos sino a cualquier tipo de alojamiento que pueda existir, por ejemplo, en precario, alquiler de habitaciones, etc.”.
Por otra parte, desde el grupo municipal se insiste en que el artículo 5 de la nueva redacción exige que las rentas del beneficiario no sean superiores al IPREM (532,5 euros mensuales) en lugar del SMI (645,30 euros mensuales) que establecía antes. Por ello, IU ha anunciado que alegará para que “aunque se utilice como referencia el IPREM (1,25 veces), se le ponga un factor corrector para que se mantenga el mismo nivel de renta”. “No es momento de endurecer ningún requisito porque hoy hay un empobrecimiento generalizado de la sociedad”, ha señalado el concejal.
Por último, IU insiste en no sancionar a nadie con “castigos de hasta un año sin recibir ayudas, sino sustituirlo por otra medida”. “Por ejemplo –propone Muñoz-, si se produce una falta grave se obligará al beneficiario a participar en alguna actividad propuesta por el trabajador social que facilite su inserción social”. “No se puede castigar a nadie por la compra de un alimento indebido o un gasto no justificado retirándole las ayudas porque se dan para una urgencia social, sin embargo sí se debe obligar a modificar la conducta y reconducirla”, añade. “En definitiva, dejar a los profesionales más margen y flexibilidad para ofrecer una atención personalizada y que atienda a las necesidades particulares de los y las usuarias de los Centros Municipales de Servicios Sociales”, concluye.