La diputada de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, ha presentado esta mañana en rueda de prensa una iniciativa parlamentaria en materia de servicios y contratación pública. Una Proposición no de Ley en la que Izquierda Unida reclama al Gobierno de Aragón que impulse un programa de recuperación sostenida y asunción por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de la gestión de aquellos servicios públicos externalizados que se prestan a la ciudadanía.
“Este programa nos permitirá tener, en primer lugar, un mapa de los servicios públicos aragoneses externalizados”, ha explicado Luquin para recordar que es fundamental el control de la Administración para garantizar que las empresas adjudicatarias cumplen con los pliegos y si se cumplen los criterios de calidad, eficacia y eficiencia en la prestación del servicio, así como velar por las condiciones salariales y laborales de sus trabajadores y trabajadoras.
Además, IU exige la creación del Observatorio de la Contratación Pública de Aragón con el objetivo de estudiar, analizar y hacer propuestas sobre la gestión de los servicios públicos, encomendándole, entre otros, el estudio de la modificación legislativa en materia de beneficio empresarial en las adjudicaciones de contratos públicos, con el objetivo de minorar el porcentaje de beneficio a las empresas adjudicatarias para destinarlo al mantenimiento del empleo, las mejoras laborales y la reinversión empresarial.
Para Luquin, la creación de este Observatorio, que tendría carácter consultivo y en el que además de los grupos parlamentarios deben formar parte personal técnico y los agentes sociales y sindicales, “mejora la transparencia de la gestión de los servicios públicos y profundiza en la calidad de los mismos”.
Además, la diputada de IU ha denunciado en rueda de prensa que hay empresas que, aun obteniendo beneficios, hacen EREs, como por ejemplo el planteado en Vodafone-Ono. “Hay serias dificultades con algunas empresas adjudicatarias y la Administración debe ser ejemplar y ejemplarizante, ha aseverado preguntándose si la Administración debe contratar a empresas que “aun teniendo beneficios se permiten echar a trabajadores”.
La propuesta pertenece a las “35 medidas para transformar Aragón” que Izquierda Unida presentó como condición para apoyar la investidura del presidente Javier Lambán. En concreto, es el punto número 9 e IU la considera fundamental ya que apuesta claramente porque los servicios públicos se presten desde lo público siguiendo los principios de calidad, eficacia y eficiencia y porque los trabajadores y trabajadoras de estas contratas tengan condiciones laborales y salariales dignas.
La externalización de Servicios Públicos ha sido una práctica común a la mayoría de Administraciones Públicas, con diferentes objetivos en función de las diferentes fuerzas políticas que las han conformado. Habitualmente, se han producido estas externalizaciones con un mantra que el tiempo ha demostrado equivocado, un ahorro para las arcas públicas y una mayor agilidad en la toma de decisiones. Patricia Luquin ha recordado que su formación política y social ha presentado en las diferentes instituciones, donde ha tenido y tiene representación, diversas iniciativas sobre la recuperación de los Servicios Públicos y la Contratación Pública, “como medida necesaria para garantizar servicios de calidad a la ciudadanía y priorizar las políticas sociales”.
Proponemos al Gobierno crear el Observatorio de la Contratación Pública de Aragón
