La Asamblea Local de IU en Fraga ha registrado hoy una serie de propuestas para que el Ayuntamiento de Fraga contribuya a luchar contra la pobreza energética.
La pobreza energética es aquella situación que sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda.
“Fraga no es ajena a la grave situación de crisis económica que sufre el país, con casi 1.200 personas desempleadas inscritas en las oficinas del INAEM de la localidad, muchas de las cuales no cobran ningún tipo de prestación”, explica el Coordinador de IU Fraga, Xandru Sánchez, quien reitera que “es obligación de las distintas Administraciones Públicas velar porque los ciudadanos tengan garantizados servicios básicos como la electricidad, el gas o el agua”.
La pobreza energética tiene un impacto profundo en la vida de las personas que la sufren, teniendo influencia en su esperanza de vida, en el agravamiento de determinadas enfermedades, “genera sobre endeudamiento y es un fenómeno que va en aumento al encarecerse los precios de la energía mientras baja el poder adquisitivo de la ciudadanía”, señala Sánchez, para quien las grandes compañías de suministro de luz, gas y agua, “aprovechan la crisis para obtener grandes beneficios económicos a costa del sufrimiento de los más débiles”.
Entre las medidas propuestas por Izquierda Unida al Consistorio fragatino figura la activación de un protocolo de actuación contra la pobreza energética a través de los servicios sociales, al objeto de identificar a las personas afectadas garantizándoles los suministros básicos, así como establecer una partida presupuestaria destinada a crear un bono social para aquellos hogares con poder adquisitivo reducido o en riesgo de exclusión social, impidiendo el corte de suministro a estas familias.
Para la Asamblea Local de IU, es “importante” que el Ayuntamiento de Fraga y el resto de Administraciones Públicas se impliquen en un problema que afecta en torno al 10% de la población española y que ahonda en las diferencias sociales en un contexto en el que los precios de los suministros básicos se han encarecido de forma desproporcionada acaparando cada vez más proporción en el presupuesto familiar.