Hemos registrado una queja ante la falta de respuesta del consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, a unas preguntas relativas a la utilización de bomberos dependientes de Administraciones locales por parte del Gobierno de Aragón y el coste y pago del servicio.
En concreto, nuestra portavoz en las Cortes, Patricia Luquin, reclama al Departamento que lidera Olona que dé curso a la solicitud de información a la mayor brevedad posible y, más aún, cuando, ante la situación de sequía, el Gobierno ha ampliado la época de peligro de incendios forestales hasta el 19 de noviembre, inclusive.
Así, pedimos de nuevo al consejero de Desarrollo Rural que informe de los criterios que se siguen por el 112 para avisar desde el primer momento a bomberos civiles, muchos de ellos dependientes de otras administraciones públicas como las comarcas, para las labores de lucha contra los incendios forestales, incluso cuando están contratadas las brigadas de la empresa pública SARGA que son quienes deben ejercer las competencias propias del Gobierno de Aragón.
El Coordinador de IU Altoaragón y presidente de la Comarca del Cinca Medio, Miguel Aso, recuerda que el Decreto, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, establece entre sus competencias: “La determinación y ejecución de la política forestal y la protección, defensa, administración y gestión de los montes, así como la prevención y lucha contra los incendios, plagas y enfermedades forestales”. En base a esta competencia, la empresa pública Sarga, dependiente del Gobierno de Aragón, es quien a través de sus brigadas, debiera ejercer durante todo el año, las labores de prevención y lucha contra los incendios forestales.
Sin embargo, explica Aso, pese a esta clara competencia, cuando se producen incendios en suelo no urbano, desde el 112 se activa a los bomberos civiles que, como es conocedor el Gobierno de Aragón, “en una gran parte de nuestra Comunidad Autónoma, especialmente en la provincia de Huesca, se presta desde algunas comarcas, pues no todas cuentan con este servicio”. Aso ha señalado que, “al no existir en Aragón un servicio de bomberos profesional y dependiente del Gobierno autonómico, son otras administraciones las que asumen un coste personal, económico y material que debiera depender directamente de la DGA, por lo que es ésta una razón más para que el Ejecutivo aragonés asuma máxima competencia y cree de una vez un servicio profesional de bomberos que dé cobertura a la Comunidad Autónoma”.
La lucha contra los incendios forestales es una competencia del Gobierno de Aragón para la que debe tener personal suficiente, tanto con las brigadas de Sarga como de un servicio profesional de bomberos, pero sin duda es también una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, por lo que entendemos que, en determinadas ocasiones o cuando los incendios tomen cierta importancia, los servicios existentes de otras administraciones, deben apoyar los retenes del Gobierno de Aragón pero, “no puede pasar, que sean éstos los primeros en ser movilizados por el 112, pues un territorio tan extenso como el de Aragón, no puede depender exclusivamente de quien no tiene la máxima competencia en incendios forestales ni tiene los mejores recursos para abordar esta problemática”, concluye Aso.