El gobierno del Partido Popular, ha aprobado el viernes día 15 de marzo el Real Decreto-Ley 5/2013, al que ha titulado “de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo”.
Utiliza de nuevo el Decreto Ley con la excusa de que él mismo suspendió en diciembre la entrada de la Ley tres meses, hasta el 31 de marzo. Así cierra el círculo de acciones propias, seguramente programadas con anterioridad.
El primer desatino es hacer compatible el trabajo con la jubilación. Apoyándose en el Libro Blanco de la UE sobre pensiones, introduce esta medida que, si bien es discutible para los países que tienen poco paro, para el caso español es un tremendo disparate. Una sociedad con 6 millones de parados, que necesita emplear sobre todo a las personas en edad activa, introduce más competencia para el escaso empleo existente.
La jubilación se retrasa aún más, y los requisitos para acceder a la jubilación anticipada se endurecen, necesitando más años de cotización para acceder a ella, rebajando la pensión con el artilugio de contar los trimestres en lugar de los años y en distintos casos, penalizar la anticipación más que antes.
Se endurece también el acceso a la jubilación parcial con relevo y se penaliza a las empresas que ajusten sus plantillas facilitando el despido de los mayores de 50 años. Estas disposiciones se aplican a procedimientos de despido efectuados a partir del 1 de enero de 2013.
Se endurece el análisis de carencia de rentas para acceder al subsidio de mayores de 55 años y el no cobrar la indemnización en situaciones de despido, o no reclamar, se configura como un indicio de actuación ilegal para la Inspección de Trabajo y el Servicio Público de Empleo Estatal para determinar si hay fraude en la prestación.
Por todo ello, nuestro concejal en Teruel, José María Matínez, ha presentado esta moción para su debate en el próximo pleno:
El ayuntamiento de Teruel rechaza el nuevo ataque a las pensiones públicas y al sistema de Seguridad Social español que supone la publicación del Real decreto-Ley 5/2013 y solicita su retirada inmediata.