La portavoz parlamentaria de IU, Patricia Luquin, y la responsable de Políticas Sociales e Igualdad de IU Aragón, Paloma Lafuente, han comparecido esta mañana en la sala de prensa de las Cortes de Aragón para presentar una iniciativa parlamentaria registrada tras conocer que el Gobierno aragonés podría privatizar el servicio de asesoramiento jurídico a mujeres víctimas de la violencia machista. En concreto, según ha tenido conocimiento IU, el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) está preparando la salida a concurso de este servicio, que presta el Colegio de Abogados desde hace 25 años.
Así, Luquin y Lafuente han explicado que con esta Proposición no de Ley se insta al Ejecutivo PSOE-CHA a que agoten todas las fórmulas y mecanismos necesarios para la continuidad de la prestación de este servicio de asistencia jurídica gratuita por parte del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, tal como se ha venido haciendo las últimas décadas.
La portavoz de IU ha explicado que, en el caso en que, técnicamente, sea imposible la continuidad del convenio con el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, la iniciativa añade un segundo punto en el que reclama al Gobierno que se garantice que en el pliego de condiciones técnicas para la gestión del servicio se incluyen las cláusulas sociales necesarias que aseguren una prestación adaptada, garantista y adecuada a la sensibilidad de la problemática que atienden, así como de calidad y con todos los recursos necesarios para dicha prestación.
Cabe recordar que no ha habido ninguna modificación legislativa al respecto y, en ese caso, se vendrían cometiendo ilegalidades desde hace 25 años. Por ello, IU reclama que se incluyan cláusulas sociales en los pliegos y no sea el precio el factor determinante. En su opinión, “cuando hay voluntad política, se puede” y ha resaltado el “excelente” trabajo de las y los profesionales del Colegio de Abogados, que es idóneo para esta labor “porque no es una empresa, tiene vocación de servicio público y porque cualquier compañía no está al mismo nivel en capacidad para establecer guardias y asesorías, así como de llegar a todo Aragón”.
“Una empresa va a querer tener un beneficio económico y el Colegio de Abogados no lo necesita”, ha insistido para señalar que no tiene dudas del compromiso de la directora general del Instituto Aragonés de la Mujer y de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales en la lucha contra la violencia machista, a cuyas víctimas incluye este servicio de asesoramiento.
Por su parte, la responsable de Políticas de Igualdad de IU de Aragón ha pedido también a la directora del IAM que resuelva el asunto y que dé explicaciones sobre el mismo y ha aseverado que estos hechos son «incoherentes» con lo que defiende el Gobierno y ha advertido que exigirá la máxima calidad y responsabilidad en la prestación del servicio y se opondrán a cualquier mercantilización del mismo.
IU mantendrá la misma posición de la pasada Legislatura cuando se externalizó la gestión del Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica para Inmigrantes (Saoji) por motivos similares y que, posteriormente, tuvo que volver al lugar de origen