El grupo parlamentario de IU reclamará a las Cortes de Aragón que se sumen a las declaraciones contrarias a la previsión contenida en el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales de eliminar la incompatibilidad entre las profesiones de la Procura y la Abogacía e instará al Gobierno aragonés a que se dirija al Central para que se mantenga dicha incompatibilidad y que las reformas que acometa en materia de Justicia no se rijan por criterios económicos sino de interés ciudadano.
Unas reivindicaciones que IU trasladará al Pleno de las Cortes en forma de Proposición no de Ley presentada tras las reuniones que la portavoz parlamentaria de IU Aragón, Patricia Luquin, mantuvo el pasado miércoles con el decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza y con su homólogo del Ilustre Colegio de Procuradores de Zaragoza.
Luquin conoció las preocupaciones de estos profesionales sobre el contenido Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, que se suma a las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular que están provocando un mayor “alejamiento” del cauce jurisdiccional “como vía a la que pueda recurrir la ciudadanía ante los excesos de la Administración o de otros poderes, estableciendo, por ejemplo, unas tasas absolutamente inaceptables que imposibilitan, cuando no impiden, el ejercicio del derecho fundamental a acceder a la tutela judicial efectiva”, explica la portavoz parlamentaria de IU Aragón.
Además de esto, la “lentitud” de la Justicia a la hora de resolver, agravada por la crisis económica, tanto en lo que ha significado de aumento de la carga de trabajo para algunas jurisdicciones como la civil, la mercantil o la laboral, como en la no reposición de efectivos y en la restricción en la disposición de otros recursos fundamentales, “convierte en muchas ocasiones la acción judicial en ineficaz por extemporánea”, dice Luquin para advertir que “la ciudadanía no puede confiar en una Justicia que tarda años en resolver sus demandas”.
A este panorama se añade la previsión contenida en el citado Anteproyecto de Ley, que parte del ministerio de Economía y se enmarca en el proceso de reformas estructurales recogidas en la Estrategia Española de Política Económica. Luquin explica que el texto ha puesto “en pie de guerra” a diversos colectivos relacionados con la Justicia, muy especialmente al de los procuradores de los tribunales, que han conseguido reunir más de 200.000 firmas en contra de tal previsión. En opinión de estos, coincidente con la de abogados, jueces, fiscales y demás estamentos jurídicos, su implantación dificultará aún más el acceso a la Justicia y conllevará una justicia más “lenta, más cara y sin garantías”.
“Pero, además, va a suponer un considerable gasto, estimado en 200 millones de euros, dado que obligará a modificar todo el sistema de notificaciones telemáticas de los Juzgados y a crear un nuevo modelo, con las afecciones económicas y de retraso que conllevará”, concluye.