Izquierda Unida, junto con Partido Socialista y Chunta Aragonesista, trabajan en la elaboración del recurso contra la Ley de Lenguas que aprobó el pasado des de mayo el Gobierno de Aragón. El texto, que presentarán ante el Tribunal Constitucional, ya cuenta con más de 60 firmas de diputados del Congreso, pero esperan conseguir el apoyo testimonial de otros grupos de la Cámara Baja. Un equipo jurídico de la Universidad de Zaragoza se encarga de su redacción y se presentará, previsiblemente, a mediados de agosto. El recurso se sustenta en la vulneración de la Constitución, del Estatuto aragonés y también de varios textos internacionales.

El documento también sostiene que la nueva ley supone “una discriminación real para los hablantes de lenguas minoritarias” y que se contradice con otras normas que también aprobó la coalición PP-PAR. El coordinador del equipo jurídico redactor del recurso, Ángel Garcés, ha recordado la ley de 10 de marzo de 1996 de Patrimonio Cultural Aragonés “que habla en su artículo 4 del catalán y del aragonés y que está vigente a día de hoy”.

Asimismo, el recurso contempla que los hablantes de lenguas minoritarias “están siendo relegados al ámbito privado”. Garcés también ha criticado que se suprima la posibilidad de suprimir las academias “que iban a mantener vivas a estas lenguas”. Por ello, ha agregado, “estamos ante un desconocimiento de estas lenguas”.

También en esta línea también se han pronunciado los partidos de la oposición, que lamentan que la nueva ley no reconozca los nombres de las lenguas, que ya han recibido el apodo de Lapao para el aragonés y Lapapyp para el catalán. Tanto el coordinador general de Izquierda Unida en Aragón, Adolfo Barrena, el senador socialista José María Becana, como el presidente de CHA, José Luis Soro, confían en que el Constitucional admita a trámite el recurso.

En este sentido, el diputado en el Congreso por la Izquierda de Aragón, Chesús Yuste, ha señalado que distintos juristas colaboradores de los grupos parlamentarios que apoyan el recurso ya han estudiado el borrador de fundamentos de derecho y consideran que “reúnen condiciones ya que tiene razonamientos jurídicos de peso, por lo que muy previsiblemente se admitirá a trámite”.

IU, junto con PSOE y CHA, apuestan por la cooficialidad de estas lenguas. Al respecto, Barrena ha remarcado que habría que definir los territorios en los que se daría esta cooficialidad, pero ha enfatizado que se trata de “una cuestión de derechos”.

Soro también ha defendido la oficialidad del aragonés en todo su territorio y la oficialidad del catalán “en aquellos lugares en los que se hable tradicionalmente”. El presidente de CHA también confía en que en unos años, Aragón contará con una política lingüística.

Por su parte, el senador José María Becana ha remarcado que el aragonés y el catalán sólo sobrevivirán “si los hablantes los usan” y para ello, ha indicado, “tienen que tener nombres y apellidos para dar prestigio y valor a las lenguas”.

El recurso se presentará, según lo previsto, la semana del 15 de agosto, pero su resolución podría tardar hasta doce años.