Esta mañana hemos registrado 36 enmiendas al Proyecto de Ley de Memoria Democrática de Aragón. “Una ley necesaria para restablecer y dar veracidad al hilo conductor de nuestra historia y que sirve para corregir el déficit democrático en que estamos inmersos como país y sociedad”, señala la portavoz parlamentaria, Patricia Luquin.
“Nuestras enmiendas son útiles para revertir el olvido y la equidistancia sufrida por gente que ha defendido los valores democráticos y que fueron condenados por ello”, explica la diputada en relación con las modificaciones y propuestas registradas en las Cortes de Aragón.
A destacar el hincapié de la formación política y social en la anulación de los juicios franquistas y la reparación a las víctimas. En concreto, proponemos que la ley inste, especialmente, la reparación de quienes fueron condenados por los tribunales constituidos por el nuevo régimen para la persecución y represión, proclamando la falta de legitimidad de los mismos y la ilegalidad de sus sentencias y fallos, pudiendo las víctimas o sus familiares solicitar la declaración judicial que acredite la nulidad de la sentencia o fallo que le afecten.
También, incluimos una enmienda para evitar “injusticias” como las que el proyecto de ley del Gobierno aragonés plantea en relación con las mujeres. Reclamamos que las mujeres que padecieron humillaciones, persecución, violaciones, violencia de cualquier tipo o castigos por el hecho de serlo o de haber sido madres, compañeras o hijas de perseguidos, represaliados o asesinados por haber participado en la vida pública de la democracia republicana o en defensa de la libertad; o por haber ejercido su libertad personal o profesional durante la Segunda República, no tengan que instar su inclusión en el Censo para que sean reconocidas. “Porque tal y como está redactado el texto, parece que no fueran víctimas del mismo orden que otras y, porque, además, se olvida a las madres, que también sufrieron y, por último, que hubo violencia no solo sexual contra ellas que, sin embargo, no puede subsumirse como humillación o persecución, sino que necesita ser explicitada”, asevera Patricia Luquin.
Además, demandamos ampliar y complementar las características que, según el proyecto de ley, definen a las personas desaparecidas. La enmienda recoge el espíritu que la redacción original propone pero consideramos que estas personas, además de haber participado en campañas bélicas, “son las que se ignora su paradero o destino a causa de su participación en acciones bélicas, por haber sido objeto de detención y cautiverio o por otras razones o circunstancias forzadas o contrarias a su voluntad”.
También exigimos que se considere como víctimas, además de a las personas que fueron asesinadas, las que sufrieron daños físicos y/o psíquicos y las que fueran objeto de desaparición forzosa durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista como consecuencia de su compromiso político.
Por otra parte, el compromiso presupuestario es fundamental para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la ley. Por ello, proponemos que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma contemplen la financiación suficiente de las actuaciones a desarrollar bajo el marco de esta norma.
“Cada vez más palpable necesidad de contar con una norma que se cumpla y que sea una herramienta útil para la reparación de las víctimas del franquismo, que impida a estas alturas la exaltación de la dictadura y anule las sentencias franquistas”, continua Luquin para lamentar que “la Ley de Memoria Histórica de 2007 ha sido insuficiente porque no ha cumplido los objetivos de búsqueda de la verdad y la justicia y mucho menos el de reparación a las víctimas”.