Izquierda Unida ha solicitado información al Gobierno de Aragón relativa al Plan de Inspección de Servicios Sanitarios para el periodo 2015-2016, que fue aprobado en 2014 mediante una Orden del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, y sobre el personal para la inspección médica del Servicio Aragonés de Salud (SALUD) y las actuaciones inspectoras del mismo.

La Inspección de Servicios Sanitarios tiene como finalidad garantizar el derecho de las y los usuarios a un acceso adecuado a las prestaciones sanitarias, en consonancia con los principios moduladores del sistema de salud, velando por un efectivo cumplimiento de sus normas reguladoras y asegurando que los servicios sean prestados conformes a los objetivos de calidad previstos, confirmando el uso apropiado de las prestaciones sanitarias y de aquellas otras del sistema de Seguridad Social condicionadas a una situación de enfermedad y de atención sanitaria.

Para ello, dado que las actuaciones que realiza la Inspección de Servicios Sanitarios deben estar adecuadamente coordinadas y dentro del ámbito de sus competencias, resulta necesario determinar aquellas líneas que resultan prioritarias para el departamento de Sanidad, contando con una previsión de evaluación y revisión continua anual, para adecuar, si fuera preciso, las actuaciones inspectoras a un escenario cambiante.

Para el ejercicio 2015-2016, esta orden tenía las siguientes líneas estratégicas de actuación contenidas en el plan de inspección: Tutelar y garantizar el uso adecuado de las prestaciones sanitarias; establecer las medidas necesarias para la modernización, mejora de la gestión, y racionalización de la prestación de incapacidad temporal; evaluar y hacer seguimiento de la actividad concertada en materia sanitaria suscrita por el departamento de Sanidad y coordinar la actividad de la Inspección de Servicios Sanitarios.

Por ello, la portavoz parlamentaria de IU ha preguntado al consejero de Sanidad, Sebastián Celaya si su Gobierno tiene voluntad de continuar con este Plan de Inspección y, en caso negativo, cuáles son los motivos para abandonarlo. Además, Patricia Luquin ha solicitado al Gobierno de Aragón el informe de las actuaciones realizadas para cada una de las cuatro líneas estratégicas propuestas para el ejercicio 2015 – 2016del Plan, con especial referencia a las actuaciones específicas detalladas en la Orden de 11 de septiembre de 2014.

En cuanto a datos concretos, Izquierda Unida ha solicitado a Celaya el número de inspectores/as médicos que dispone el SALUD, cuál es el personal total asignado a la Inspección Sanitaria, su cualificación y el coste total asignado en los presupuestos, cuál es la organización laboral, horarios, asignaciones y funciones específicas de los inspectores médicos y le pregunta si existe la figura de “inspector de guardia” y cuál es su horario y función.

Con respecto a garantizar el uso adecuado de las prestaciones sanitarias, Luquin ha preguntado por el porcentaje de uso inadecuado detectado, tanto en prescripciones como en bajas u otros servicios, y su coste aproximado y sobre los motivos más frecuentes de uso inadecuado y qué medidas ha propuesto la inspección sanitaria para su resolución.

El pasado 9 de febrero, el Gobierno de Aragón firmó un decreto por el que se aprobó la estructura orgánica del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud atribuyendo a la Dirección General de Asistencia Sanitaria “la evaluación y control de las prestaciones sanitarias, así como el control del acceso a las mismas”. Sobre esto, IU ha preguntado a Celaya si considera que las actuaciones inspectoras, los recursos que se invierten en ellas son coste efectivas, son rentables desde el punto de vista social y sanitario y, en caso negativo, si está prevista alguna actuación tendente a evaluar y mejorar la efectividad de las actuaciones inspectoras para adaptarlas a la realidad cambiante y una previsión de fechas para llevarlo a cabo.